El gobierno del colombiano Juan Manuel Santos quedó envuelto en un escándalo de lavado y corrupción que protagoniza Cemex, la cementera multinacional de México, que vio desplomarse sus acciones al trascender un explosico affaire que combina políticos, lavado, presuntos narcos y hasta sicarios.

El caso comenzó cuando Cemex le compró terrenos al empresario José Aldemar Moncada quien ya por ese entonces era investigado por las autoridades por supuesta defraudación. Moncada fue asesinado por sicarios y los terrenos donde Cemex levanta su planta fueron incautados por la justicia, según reveló el periódico colombiano El Tiempo.

Por este caso tres directivos de Cemex debieron renunciar luego de que la compañía inició una auditoría interna y encontró gastos injustificados. Además del terreno mencionado, la misma operación incluía una mina de caliza y una zona franca en el municipio de Maceo, Antioquia, tasados en 22 millones de dólares.

La auditoría de Cemex encontró gastos injustificados por 4.5 millones de dólares relacionados con esa operación, lo que prendió las alarmas por posible lavado de dinero. Debieron renunciar Carlos Jacks como presidente de la cementera para América Latina, y se les pidieron las renuncias al vicepresidente de planeación, Édgar Ramírez, y al jurídico, Camilo González.

Las últimas revelaciones de la trama se enfocan en una red de testaferros que Cemex habría utilizado para la compra de terrenos. La explicación de la compañía es que el uso de estos intermediarios es algo común para evitar que los vendedores de tierra no inflen en exceso los precios al saber que el terreno es pretendido por una corporación.

El intermediario Eugenio Correa pagó por terrenos 1.600 millones de pesos colombianos (540 mil de dólares) pero se le facturó a Cemex por 12.512 millones de pesos (algo más de 4 millones de dólares). Esa diferencia es uno de los ejes de la investigación judicial.

El caso incluye a políticos. En la firma de las escrituras aparecen el alcalde Maceo, donde Cemex construye su planta y funcionarios de su gobierno. En tanto el senador Carlos Soto aparece como un facilitador de temas administrativos para la compañía regiomontana en el proceso de buscar que se liberen los terrenos incautados.

Soto es un senador de larga trayectoria en la región de Antioquía y es un antiguo aliado del ex presidente Álvaro Uribe que ahora se ubica más cerca del gobierno de Santos.