La caída de Pedro Castillo como presidente de Perú, destituido por el Congreso y arrestado por la policía, es un tiro por elevación a la política regional de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Ambos ejercieron casi un padrinzago sobre Castillo que luego se vería reflejado en un alineamiento total de Perú con México que ahora queda en la incertidumbre ante la llegada de la vicepresidente de Castillo, Dina Boluarte.

Al momento de ser detenido Castillo iniciaba el trayecto para aislarse en la embajada mexicana de la capital peruana.

El origen de esta alianza comenzó a través de Carlos Slim, que tiene diversas inversiones en Perú y que, ante la perdida de valor constante de las mismas por la inestabilidad política del país sudamericano, le pidió tanto a AMLO como a Ebrard que ayudaran a Castillo.

No fue difícil porque además al tabasqueño le agrada la historia de Castillo, de ser un maestro rural a la presidencia del país.

El presidente se lo tomo seriamente. Envió a Rogelio Ramírez de la O a Lima asesorar a Castillo y, según pudo conocer LPO, hubo otros viajes de funcionarios pero que ya se hicieron de modo no oficial para evitar las acusaciones del Congreso peruano de un supuesto injerencismo mexicano en asuntos domésticos.

Por cierto: la oposición a Castillo tiene mucho que decir sobre ciertos arreglos del secretario de Hacienda mexicano en Perú, uno concretamente ligado a una empresa petrolera.

Por otra parte desde la Cancillería mexicana se ejerció una asesoría permanente sobre sus pares peruanos a través de Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina.

También había una agenda en materia de seguridad con los militares mexicanos ya que el Pacífico sudamericano se ha convertido en otro escenario de fuerte presencia de carteles mexicanos. Perú esta dispuesto a funcionar casi como una base mexicana para funciones de inteligencia y supervisión de esos grupos delictivos.