Tras la marcha que se realizó este domingo contra la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, el presidente López Obrador aprovechó a lanzar más críticas y cuestionamientos al respecto, por ejemplo, la intención de declarar inconstitucional esta medida y el que uno de los magistrados se hubiera sumado a la marcha.

Si bien el presidente aseguró en su conferencia de este lunes que la marcha estuvo "muy bien, se respeta el derecho a expresarse", dijo no compartir el que se defendieran privilegios. En se sentido, se lanzó contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá, que marchó este domingo. "Debería darle vergüenza", dijo.

Fue enfático en dar a conocer su salario, que aseguró asciende a 700 mil pesos mensuales. "¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos solo para lo básico?", cuestionó.

También arremetió contra José Ramón Cossío, exministro que también se sumó a la manifestación del domingo. "Es el abogado del bloque conservador, José Ramón Cossio, ¿saben cuánto recibe? 480 mil pesos mensuales", señaló.

Trabajadores del Poder Judicial marchan contra el fin de fideicomisos en distintas ciudades del país

Insistió a su llamado a otros abogados para definir si se rompería el orden constitucional con el hecho de que la Corte pudiera determinar como inconstitucional la medida de desaparecer dichos fideicomisos ya aprobada en San Lázaro. Eso ante la expectativa de que el PAN y el resto de los partidos de oposición presenten un recurso de inconstitucionalidad.

"Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, de acuerdo con la Constitución. Entonces, ¿si el poder judicial le corrige la plana, en qué se convierte el Poder Judicial? En el supremo poder conservador. Nada más que ya no hay alteza serenísima y vamos a seguir luchando por una verdadera legalidad", agregó.

En medio de estas tensiones, la presidenta de la Corte, Norma Piña, dio a conocer que establecerá un diálogo con los senadores de cara a la discusión de esta iniciativa. "Esto con la finalidad de asegurar que el diálogo entre poderes se dé por la vía institucional adecuada y competente, así como garantizar que este intercambio sea con la pluralidad política que se representa en el Congreso de la Unión, específicamente en el Senado de la República", dijo en su comunicado.