Nuevamente el tema del "fiscal carnal" se enfrenta entre los Senadores de la República. Abierto nuevamente el tema por el panismo en días pasados, hoy Samuel García presentó una iniciativa de reforma al artículo 102 constitucional para evitar cualquier tentación de imponer a esta figura desde el poder ejecutivo, así como garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de designación del fiscal.

García aseguró lamentar que la procuración de justicia en México ha sido usada como una forma de ejercer el poder. "Venimos de un régimen político en donde la aplicación selectiva del castigo penal en función de los intereses políticos del presidente en turno, fue uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad y de control político", aseguró.

Refirió que la Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica de que, ninguno de sus integrantes, salvo que el Presidente lo ordenara, tendrían responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos. "Con ello, la corrupción estaba blindada: el pacto político implícito era que no existirían consecuencias penales para nadie, salvo para los detractores del poder", aseveró.

Enfático, el legislador reiteró que Movimiento Ciudadano contempla la creación de una Comisión de Designaciones conformada con la Sociedad Civil Especializada, misma que integraría la lista de los seis candidatos a Fiscal, para posteriormente ser aprobada por las dos terceras partes del Senado de la República.

Además, establece la obligación del Senado para realizar comparecencias públicas con los aspirantes a Fiscal; la intervención de la Suprema Corte en la designación del Fiscal si, por cualquier razón, el Senado omitiera sus atribuciones y que la remoción del Fiscal también la pueda hacer el Senado de la República y no quede en manos exclusivamente del Ejecutivo y, además, se elevan a rango constitucional las Fiscalías especializadas, que serían no sólo la de delitos electorales y la de anticorrupción, sino también la de derechos humanos y la de asuntos internos.