La contienda entre MC y la oposición en Nuevo León está en un punto neutro. Samuel García ha dialogado con Adrián De la Garza, a quien PRI y PAN promueven como próximo fiscal general del Estado y la novedad, según deslizan en el staff del gobernador, es que el ex alcalde de Monterrey dijo que en este momento no está interesado en el cargo. No solo eso: tampoco recomendará a nadie para esa posición.

Casi nada duró la tregua por la cual PRI y PAN facilitaron acuerdos presupuestales hace algunas semanas. En lugar de una mayor consonancia, el Congreso estatal controlado por la oposición activó un proceso de juicio político contra el gobernador que puede acelerarse o detenerse según la realidad política en la entidad.

García conoce que la primer oportunidad para esa embestida será en dos meses, fundamentalmente si Nuevo León volviera a ser víctima de la falta de agua como aconteció en 2022.

El gobernador ha designado emisarios como Javier Navarro o Carlos Garza, que tienen buen diálogo con la oposición pero el problema es que a los ojos de los principales actores del PRI y del PAN, estos no tienen el respaldo necesario de Samuel para acordar la paz. Diversos aspectos que ellos prometen luego no se reflejan.

Para el Ejecutivo estatal es una situación compleja porque en lo fáctico el PRI ya controla la Fiscalía de modo interino con Pedro Arce, hombre de toda la confianza de Francisco Cienfuegos quien a su vez promueve a De la Garza.

Con este escenario, el único horizonte tangible para MC es tener un buen desempeño electoral el año que viene y de ese modo pasar a controlar el Congreso estatal para así nombrar un fiscal.