En paralelo a un foro en el cual ayer miércoles José Antonio González Anaya predicaba sobre la transparencia y los ahorros de Pemex, el consejero jurídico de Los Pinos Humberto Castillejos  lograba su cometido en la Suprema Corte: que se aplace la resolución de un amparo que la paraestatal presentó contra una multa millonaria que le impusiera la Comisión Federal de la Competencia Económica (Cofece). La sanción fue por prácticas monopólicas en el negocio del transporte de gasolina y la posición predominante que tendría el sindicato petrolero en ese negocio.

Tal como anticipó LPO, la inquietud del Gobierno es que cuando la Segunda Sala trate el tema se formule un pedido de informes a Pemex que lleve a a empresa a tener que desglosar todos los detalles de su negocio con el sindicato. Es un problema porque el Gobierno cuenta con ese gremio como respaldo para avanzar en la Reforma Energética.

El caso se iba a tratar ayer miércoles pero ahora se aplazó hasta el 18 de enero. El Gobierno tiene una semana para suavizar cualquier intento de pedido de informes. En la Corte ya existe una certeza: el ministro Alberto Pérez Dayan está decidido a tumbar el amparo de Pemex, a que la empresa pague la multa de 653 millones de pesos que le impuso la Cofece y a que, de paso, informe sobre sus tratos con el sindicato.

Esa trama de deslinda de internas propias del Gobierno porque la Cofece - siempre controlada por Luis Videgaray - multó a Pemex cuando allí decidía Emilio Loyoza que nunca se llevó bien con el actual canciller.

Esta realidad subterránea no coincide con el evento edulcorado que montó ayer González Anaya con José Ángel Gurría en donde se destacó la transparencia en los procesos de la compañía.