LPO reveló este jueves en exclusiva que el mega-escándalo de las
coimas que la constructora brasileña Odebrecht pagó en todo el continente por
más de u$s 1.000 millones, tenía un picante capítulo mexicano.
Es que según el acuerdo que los directivos de esa firma firmaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2010 y 2014 se pagaron coimas o mordidas a funcionarios mexicanos por u$s 10,5 millones.
Este viernes se supo que de ese monto, u$s 6 millones fueron para un “oficial de alto rango” de una empresa bajo “control estatal”. De inmediato las sospechas apuntaron a Pemex, ya que Odebrecht anunció el primero de julio de 2014 que Pemex le había adjudicado a través de su filial Tag Pipelines el contrato para construir el gasoducto Los Ramones II Norte, por un monto de 935 millones de dólares.
En este proyecto el gigante brasileño formó consorcio con la empresa mexicana Arendal y la argentina Techint, que en México posee las plantas siderúrgicas de Tenaris. Cuando comenzó el Lava Jato, el maga caso de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras que disparó esta investigación, las oficinas de Techint en San Pablo fueron allanadas, pero luego no se volvió a mencionar a esa compañía.
El acuerdo firmado ante del Departamento de Justicia no especifica que empresa estatal de México es la que recibió las coimas ni que funcionario las recibió, aunque es muy claro que los investigadores tienen esa información y por ahora eligieron guardársela.
Lo notable es que este viernes fue el propio presidente actual de Pemex, José Antonio González Anaya, quien prácticamente reconoció que la investigación estadounidense se refería a la empresa que preside.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, González Anaya, afirmó que hará todo lo posible para llegar “hasta las últimas consecuencias e iremos contra quien sea”. Una frase por demás sugerente.
“No tengo la menor idea de quién fue... hablé ya con mi órgano interno de control, ya está en contacto con SFP, así que están empezando las diligencias”, agregó.
Los
hechos denunciados en la confesión de Odebrecht ocurrieron durante la gestión
de Emilio Lozoya Austin, un hombre muy cercano al ex secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, que debió dejar el cargo a principios de este año por los
pésimos resultados financieros de su gestión.
La División Coimas
El documento de 79 páginas del Departamento de Justicia enhebra un fascinante relato sobre el sistema que montó Odebrecht para pagar coimas en todo el continente y quedarse así con obras multimillonarias.
Con operaciones en 27 países y en tres continentes, este gigante brasileño se vio obligado a armar todo un departamento para el pago de coimas. Le puso el anodino nombre de División de Operaciones Estructuradas (DOE) y desde allí se armó una red de sociedades offshore para disfrazar los pagos.
Los montos y operaciones fueron de tal magnitud, que los brasileños optaron por comprar la filial de un banco austríaco en la isla caribeña de Antigua, denominado Meinl Bank.
También tuvieron que armar un sistema contable e informático paralelo, que se instrumentó a través de las redes “MyWebDay” y “Drousys”.
Entre la red de firmas fantasmas que se fodneaban para luego pagar desde ahí las coimas, aparecen Smith & Nash Ingeniería, ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas; Arcadex Corporation en Belice y Corporación Golac, también en las Islas Vírgenes.
El período investigado va del 2001 al 2016, pero es recién en 2006 cuando Odebrecht crea la DOE, evidentemente desbordado por el manejo de coimas que terminaron superando los u$s 1.000 millones, de los cuales u$s 439 millones fueron pagadas afuera de Brasil, siempre según los testimonios obtenidos por el Departamento de Justicia.
Como es previsible, buena parte de estos pagos se hacían en efectivo, por lo cual fue necesario crear un grupo de valijeros que en Brasil se los conoce como “doleiros”, en referencia a la mercancía que transportan.
Por este caso, el juez federal brasileño, Sergio Moro, detuvo a más de 70 altos ejecutivos de Odebrecht, incluido el CEO y dueño del grupo, Marcelo Odebrecht, que permanece detenido y enfrenta una condena de 19 años de prisión.
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