Ya pasó casi un año de la causa iniciada por la empresaria María Asunción Aramburuzabala, en la que la dueña de la inmobiliaria Abilia acusó a la esposa del periodista Joaquín López Dóriga, Adriana Pérez Romo, por extorsión y que generó la renuncia del conductor a Televisa. Sin embargo, la Procuraduría capitalina aun no se ha expresado sobre la causa, que quedó archivada.

La denuncia refería a un supuesto intento de extorsión por 5 millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en Polanco y contaba como prueba, entre otros elementos, con un video en el que el abogado de Pérez Romo ofrecía ese monto a personal de la inmobiliaria. 

Sin embargo, según relata el periódico Reforma, documentos judiciales y ministeriales indican que el 2 de marzo, la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, aunque su determinación pasaba por encima de una resolución judicial que le impedía proponer dicha medida.

Hasta ese momento, la defensa de Aramburuzabala había impuesto un recurso para evitar que la PGJ consumara el cierre del caso, ante lo cual el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, había determinado el 3 de junio que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley.

A pesar de esto, la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos notificó en junio a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo, mandando a la congeladora el caso.

El 23 de diciembre, el amparo fue desechado en primera instancia, porque la Procuraduría admitió como prueba declarar a los condóminos del edificio, lo cual era uno de los objetivos principales de la demanda.

Ahora, la inmobiliaria de Aramburuzabala presentará un nuevo amparo, donde pide que se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos, al propio López Dóriga.