Hoy, Brasil acaparó las portadas de la prensa internacional con la noticia de que su ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, habría sido brevemente detenido para ser interrogado en el marco de una investigación sobre corrupción en el país, un tema en el que México se pinta solo y que sin embargo, este tipo de noticias en que caen ‘los peces gordos’, nos parecen lejanas.

Y es que mientras en Brasil su sistema penal le ha permitido llevar a la justicia a expresidentes y hacer una serie de investigaciones a funcionarios y empresarios, en México está sobre la mesa una nueva ley anticorrupción. ¿A caso será la posibilidad de que nuestro país siga el grandioso ejemplo que nos están regalando los brasileños?

La Política Online contactó al político y experto en temas de seguridad y legalidad financiera, Jorge Alberto Lara Rivera, quien analizó los alcances de esta nueva reforma, que según la ley, tendría que entrar en vigor el próximo 27 de mayo.

El también abogado señaló que hay ciertos avances en esta reforma anticorrupción que se discute en Senado; por ejemplo, que va a generar más fuentes de información para que las autoridades puedan tener más posibilidades de aplicar la ley hacia servidores públicos.

Sobre todo, Lara Rivera resalta que el mayor aporte será a nivel estatal, pues “va obligar a los Estados a tener el mismo modelo que se tiene a nivel federal. La corrupción en los estados no se combate y es un robadero. Desafortunadamente los gobernadores pasan de ser servidores públicos a sospechoso usuales”.

Pero se muestra crítico -acaso escéptico- sobre los alcances de esta ley. Para él, el tema a ponderarse es que las baterías se centren en la corrupción de alto nivel, que es donde Brasil nos alecciona, acusando que en México solo se combate la corrupción de los bajos niveles, mientras que las autoridades “generan alicientes para cubrirse las espaldas” sobre corrupción política.

En Brasil, se logró el interrogatorio de su ex presidente, pero en México, ello resulta difícil: “La Constitución se limita mucho a encausar penalmente al presidente de la República, y quedó fuera en la reforma constitucional, pero sin dudarlo es un tema para reflexionar”, apuntó el especialista.

Falta de voluntad política

Pero no sólo se trata de leyes que no funcionen o de mejorarlas, otro tema impide que nuestro país alcance avances como lo muestra la justicia brasileña: Sí, “siempre hay margen para mejorar la ley y hay mucho que hacer”, afirma el especialista, pero cuestiona, “¿de qué sirven si no hay voluntad política?”, explicando que este tema compete completamente a los legisladores.

Y en esa línea asegura que “con la ley que tenemos hoy, el sistema anti corrupción ya se pudo haber hecho mucho para sanear y combatir”. Sin ir más lejos, el experto ejemplifica el caso de la ex lideresa de la SNTE, Elba Esther Gordillo: “veo como pertinente que se le haya investigado y está sujeta a un proceso legal, pero fue evidente que hubo una motivación, más que de saneamiento, política”. Aun así, las leyes fueron suficientes para ello, pero sobre todo, la voluntad política.

“Por mejores que sean las leyes, si no hay voluntad política, rendición de cuentas y consecuencias, no va a pasar nada. Lo importante es lo que sucede en el Congreso, entre los Senadores y los Diputados, si ahí se tiene una posición de tolerancia o de vista gorda a la corrupción, no va a funcionar ningún sistema nacional anti corrupción.

Las leyes por arte de magia no van a decomisar los recursos, ni van a poner a la gente en el banquillo de los acusados. Se necesita funcionarios de carne y hueso y sobre todo con mucha valentía para poder empujar esos procedimientos y eso es lo que hasta el momento, desafortunadamente no hemos tenido”.

A su consideración, “lo que tenemos que generar en el nuevo marco anti corrupción son alicientes y márgenes de taxatividad para que los funcionarios que realizan estas tareas tengan que llegar a las últimas consecuencias.

“El sistema anti corrupción debe de dar verdaderas lecciones de astucia investigativa, de astucia policiaca de investigaciones profesionales, de investigaciones profundas, con investigación financiera, con investigación bancaria, patrimonial, testigos protegidos, colaboradores, es decir, hacer verdaderas investigaciones como las que México no ha visto”.