Ya circula por los pasillos de la Suprema Corte que el Consejo de la Judicatura está encaminando la adquisición un paquete de software e intranet cuyo valor alcanzaría los 2,400 millones de pesos a ser ejecutados entre 2019 y 2022. Se trataría de unos 30 millones de dólares por año, lo que significaría un gasto conmovedor en medio del discurso predominante de austeridad, que incluye tupperware challenge y diputados en bicicletas, entre otros hallazgos de época. 

La compra de un millonario software es un dato sensible si se considera que el discurso del máximo tribunal es que el Poder Judicial se plegará a la austeridad. Hoy miércoles, la Corte dijo que haría un recorte de gasto de modo de ahorrar 800 millones de pesos.

Este gasto abultado es gestionado desde la oficina de Luis María Aguilar Morales, titular de la Corte y de la Judicatura. El comentario general es que existen tan complejos requisitos para ofrecer este servicio que solo habría una firma en condiciones de competir: Cisco.

La firma con sede en San José, California, está trabajando hace meses en el Estado de México en el desarrollo de sistemas de gestión que aceleren procesos y que le permitan a los magistrados de la entidad sostener comunicaciones seguras entre sí. También tiene entre sus clientes al Tribunal Electoral de la Federación.

La relación de Andrés Manuel López Obrador con la justicia se está perfilando como un asunto sensible porque ese es el entorno donde sus planes pueden encontrar límites precisos, especialmente si se considera el control de Morena en ambas Cámaras legislativas.

Existe un grupo de jueces de la Corte, siempre liderados por Eduardo Medina Mora, que están asentando la idea de que el tribunal tiene que ser el freno a los planes de reformas constitucionales de Morena. La actual desconfianza podría escalar varios decibeles. Habrá que esperar unos meses para ver si escala esta silenciosa tensión.