A casi dos meses de que la ONU diera a conocer sus conclusiones sobre su investigación en el caso Ayotzinapa, coincidiendo con las conclusiones que en su momento dio a conocer el GIEI, el Gobierno Federal rechazó los recientes planteamientos y señaló al organismo internacional de carecer de rigor y de sacar conclusiones "prematuras".
El pasado 15 de marzo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reveló que efectivamente se registraron 34 casos de tortura en detenidos vinculados a la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en lÃnea con los resultados de la investigación que dos años antes dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que el Gobierno mexicano se comprometió a investigar.
En el informe del organismo internacional, se expuso que las formas de tortura encontradas corresponden a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica. "En varios casos habrÃa habido amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas", señala en su reporte el organismo internacional.
Luego de estos hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar "en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe".
A pesar de que el Gobierno tiene en su poder ya dos investigaciones distintas coincidiendo con este delicado punto, envió un fuerte rechazo y cuestionamiento a dicha conclusión y al considerarla prematura, afirmó que "podrÃan poner en riesgo las investigaciones en curso -que realiza la PGR- por ese delito".
En respuesta al informe "Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa", publicado por la ONU-DH, el Gobierno dijo que ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y hasta la fecha no ha detectado indicios de tortura, aunque las investigaciones siguen abiertas.
Además, el Gobierno aseguró que este informe "carece de rigor metodológico y sustento jurÃdico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una 'doble injusticia' como su mismo tÃtulo lo describe".
Reprochó además que la ONU no se atuviera a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, suscrito el 22 de febrero de 2017. "La decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espÃritu del Acuerdo señalado, además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto", refiere.
La autoridad federal reiteró su propósito para agotar todas las lÃneas de investigación en el Caso Iguala y de seguir trabajando con la CIDH, con el objetivo de arribar a sus conclusiones en este año, tras más de tres años de la desaparición de los estudiantes normalistas.
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