La Ley de Seguridad Interior votada por el Congreso e impulsada por el Gobierno ya es tema de conversación en la Suprema Corte. Allí, según dicen fuentes del tribunal a LPO, el clima es mayoritariamente contrario a la ley que pidió la cúpula militar para reglamentar su presencia en las calles.

Luis María Aguilar, titular de la Corte, ya habría avisado a Los Pinos que lo mejor será posponer cualquier determinación para el tramo final del año. Para el Gobierno en lo inmediato nada cambia ya que la norma está promulgada  y rige en la actualidad.

Esto último preocupa al interior de Morena ya que allí creen que las Fuerzas de Seguridad son necesarias en las casillas el día de la elección para una eventual represión en caso de que haya protestas por fraude.

A los ministros los condiciona en cierta medida el rechazo que la norma está generando en el exterior. Días atrás la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su desaprobación por la adopción del Proyecto de la Ley de Seguridad Interior

"Como ya lo había expresado la ONU-DH con anterioridad, y lo reitera a la luz de las modificaciones realizadas, el Proyecto de Ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país", señala un comunicado del organismo internacional.

La ONU-DH señaló que el presidente aún tiene la posibilidad de evitar la entrada en vigor de la Ley, formulada por su gobierno. Para ello, pide atender el llamado de las organizaciones sociales, así como de los organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos.