Las voces en contra del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) se han unificado. En torno a la Conago de Miguel Ángel Mancera, lo mismo gobernadores, autoridades federales, que el propio Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, han expresado que el aumento de la violencia se debe a que la "laxitud" del nuevo modelo de justicia penal.

Esto -según ellos- permite la salida de delincuentes que hoy están asolando las calles del país y que debieron permanecer bajo el régimen de prisión preventiva.

En respuesta, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Luis María Aguilar, afirmó hace una semana que "no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad en el país, esa es tarea de las autoridades del Ejecutivo", respondió Luis María Aguilar.

Hoy, otro ministro de la Corte, José Ramón Cossío, respondió a los críticos del NSPA, en el sentido de que el aumentar el catálogo de delitos graves (que ameritan prisión preventiva oficiosa) "no es un buen camino", pues "esto significaría regresar al sistema del que se tiene conocimiento que ha fallado", expresó al término de la sesión del Pleno.

En el mismo tenor, el ministro pidió no politizar el tema: "Si el país no tuviera un problema de seguridad serio, pues no pasa nada, pero teniendo el problema de seguridad que tenemos, incorporándose personas a actividades delictivas, teniendo los problemas de prisiones que hay, me parece que sería de un enorme egoísmo politizar esto o hacer de esto un elemento de campaña", apuntó Cossío Díaz.

Finalmente, el ministro de la Corte puntualizó que es necesario formar un pacto entre todos los sectores para construir un diagnóstico serio, "no un diagnóstico de culpas", porque eso los llevará a un "diálogo de sordos": "¿Qué no sabíamos desde hace varios años que esto iba a tener implicaciones muy grandes en la forma de actuar de la Corte y la forma en que se están desarrollando los procesos?", reprochó.

Y Cossío Díaz concluyó: "¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se reformó el sistema penal, se generaron una gran cantidad de derechos fundamentales, de derechos humanos a favor de los procesados. Esto lo hizo el mismo Consejo [Secretaría Técnica del Consejo Consultivo], esto lo aplaudieron las misma organizaciones [civiles]. Esto fue en su momento un motivo de euforia casi nacional, pero creo que hay hacernos cargo de que eso estaba a la vista".