El Gobierno de Mariano Rajoy resolvió hacerse cargo a partir de febrero de las autopistas de peaje quebradas cuando eran gestionadas por constructoras. Se trata de caminos creados mediante contratos de participación público privada (PPP) que sientan una advertencia para el programa vial de Mauricio Macri. 

El costo de la adquisición de estas autopistas, la mayoría actualmente en manos de "fondos buitre" significará una pérdida de 2.000 millones de euros de acuerdo a las estimaciones del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a 4.500 millones según los acreedores. Es decir que, en concepto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), el Gobierno deberá desembolsar entre 2.450 millones y 5.500 millones de dólares, según consignó El Diario de España.

Y aunque el equipo de Rajoy confía que podrá recuperar entre 700 y 1.000 millones de euros cuando vuelva a licitar las concesiones de estas autopistas, las perdidas irán desde los 1.000 millones a los 3.800 millones de euros (US$ 1225 millones a US$4.650 millones). Del proceso licitatorio podrán, en principio, participar las mismas empresas bajo cuya administración quebraron las concesiones; entre ellas, Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL y Globalvía.

Se trata de las cuatro autopistas radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante, y también la AP-41 Madrid-Toledo. 

Cuando estas autopistas fueron licitadas, el Gobierno de José María Aznar firmó en cada contrato de licitación una cláusula (RPA) por la que éstas adquieren una obligación de reparar o de responder por las pérdidas de las empresas implicadas. Y ahora el Gobierno deberá asumir las pérdidas de estas concesiones.

"En 2013, el tráfico de las radiales había caído un 48% desde su momento máximo en 2007 y todas estaban en quiebra. La última fue la R-2 que va de Madrid a Guadalajara. El Gobierno impulsor de su construcción y conexión, justificó la obra con perspectivas muy altas de tráfico que no se cumplieron. A esto se sumaron varios casos en que hubo que pagar más dinero que el presupuestado para expropiar algunos terrenos y que se produjeron sobrecostes en las obra", precisaron El Diario.

Todos estos errores de cálculo del Gobierno Español sirven de advertencia a tiempo para el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quienes, como adelantó LPO, serán los primeros en licitar corredores viales mediante el programa de Participación Público-Privada.

LPO pudo saber que en su viaje a Europa a promocionar las PPP de los Corredores Viales, Dietrich consiguió principalmente el interés de las constructoras españolas. Por esta razón, la experiencia ibérica cobra mayor relevancia para el lanzamiento de esta modalidad novedosa de financiar la obra pública argentina.

De acuerdo a la propuesta de la Dirección de Vialidad Nacional, las concesiones serán de diez a quince años con cláusulas de ajuste por inflación y serán para el mantenimiento de las rutas, no para el pago de su construcción, que realizará conforme avancen las obras.

En España, por el contrario todavía restan veinticinco años para el repago de la construcción y mantenimiento de estas obras. Por eso, de la Serna se negó a dar una cifra aproximada de cuál será el costo final para el Estado del quebranto de estas concesiones y pidió que se tenga en cuenta que dentro de 25 años estos corredores volverán a la administración pública.