El juez Sergio Moro condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. Según los medios brasileños, la decisión del juez que tiene a cargo el caso de corrupción conocido como Lava Jato, se hará efectiva sólo si el fallo es ratificado en segunda instancia. 

Por el momento, Lula no será detenido y podrá apelar, aunque el juez recalcó que debería considerarse la prisión preventiva por evidencia de que el ex presidente intentó descarrilar las pesquisas.

"Al combinar el comportamiento con los episodios en los que orientó a terceros para que destruyeran pruebas, uno podría considerar decretar la prisión preventiva del ex presidente", dijo Moro en su resolución.

El político fue investigado por su relación con OAS y Odebrecht -las dos constructoras que recibieron contratos con el gobierno de Lula y de su sucesora Dilma Rousseff- que aparentemente obtuvieron beneficios por restaurar las propiedades que habitarían el ex presidente y su familia, como una casa de campo y un departamento en la playa.

El caso no deja de tener su impacto en México, en donde Odebrecht también admitió haber pagado sobornos por  al menos 10.5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos, y todos los cañones apuntaron a la gestión de Emilio Lozoya en Pemex.

Como había adelantado La Política Online, el gobierno de Enrique Peña Nieto resolvió ayer rescindió un contrato de 1800 millones de pesos con Odebrecht en la refinería de Tula por incumplir sus obligaciones en medio de la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Pemex notificó a Odebrecht la terminación del contrato el 16 de junio. Se confirma así el adelantó de LPO de que en mayo Enrique Peña Nieto había ordenado comenzar a rescindir los contratos de Pemex con la constructora brasileña. 

De este modo, México se sumó a otros países del continente que cancelaron las obras de la multinacional cuyo dueño, Marcelo Odebrecht, está en la cárcel por haber instalado el sistema más grande de corrupción de la historia del continente.

Una medida similar a la de Peña Nieto ya había tomado Perú, que suspendió el proyecto de riego Chavimochic y dos concesiones viales y Colombia, que suspendió el contrato de la carretera Ruta del Sol II.