Luego del escándalo que resultó de la aprobación de la llamada Ley Veto en Sonora, la futura titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero reaccionó advirtiendo que se revisará su constitucionalidad.

Ayer miércoles, por la tarde, los legisladores sonorenses aprobaron una reforma a la constitución que permitirá al gobierno local, en este caso encabezado por Claudia Pavlovich, poderes extraordinarios sobre los congresistas. Eso, ante la entrada de la próxima legislatura que estará integrada en su mayoría por morenistas, lo que complicaría el resto de los años del gobierno de la priista.

Ante esta situación, la ministra en retiro escribió este jueves en su cuenta de Twitter: "Lo aprobado por el Congreso de Sonora pretende regular materias que escapan de su competencia, son contrarios a diversos precedentes de la SCJN y contravienen disposiciones de la Constitución. Dado lo anterior se harán valer las acciones necesarias para revisar su constitucionalidad".

No fue la única morenista que se pronunció. Desde esas tierras, la senadora electa, Lilly Téllez, señaló por el mismo medio: "En cuanto se publique la Ley Veto de Claudia Pavlovich presentaré un amparo para defender el equilibrio y la división de poderes en Sonora".

La también comunicadora lanzó duramente: "Vamos a defender la democracia ante el manotazo dictatorial de la gobernadora".

Tensión en Sonora: En medio de protestas, Pavlovich consigue pasar Ley Veto

La reforma generó fuerte rechazo entre la ciudadanía que se manifestó en contra duramente, sin embargo, el Congreso lo aprobó en un entorno de opacidad, en el que los legisladores, al no poder hacer frente a las protestas, salieron terminada la sesión, por la parte de atrás, momento que se viralizó en redes.

Y es que esta propuesta toca puntos sensibles, como el poder que tendrá la gobernadora de rechazar el presupuesto del estado sin consultar al Congreso si es que no le parece cómo está formulado

También obliga al Congreso a publicar con por lo menos dos días de anticipación los temas que vayan a discutir en el pleno, así como la creación de lo que llamaron una "agenda legislativa conjunta con el Ejecutivo que le permitirá a la gobernadora supervisar lo que se discuta en el órgano local.

Otro punto es que limitó los poderes del Congreso local para designar a un gobernador sustituto en caso de que el o la que esté en funciones se ausente durante más de 90 días. Bajo los nuevos estatutos, cualquier reforma futura deberá ser enviada a los 72 municipios del estado, y contar con la aprobación de los cabildos locales en por lo menos 37 de ellos. En total, la nueva Constitución demanda que las reformas pasen por 480 funcionarios en menos de 27 días.