Hade dos años, la reforma energética lucía victoriosa con el primer pozo perforado por parte de un consorcio privado, pero rápidamente se instaló un conflicto con Pemex, con quien tendría que compartir el hallazgo. Y sin respuesta del anterior gobierno, el problema escaló con la administración de Andrés Manuel López Obrador, al punto de  volverse otro posible punto de choque con Estados Unidos.

Fue a mediados de julio de 2017 cuando el consorcio conformado por Talos y Sierra Oil confirmaron el hallazgo de Zama, un gran pozo de crudo con aproximadamente 2 billones de barriles. Se coronó como uno de los yacimientos más importantes y el primer fruto de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto.

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Pero meses después terminó el encanto. LPO relató el conflicto que significó para la empresa privada encontrarse con que tendría que compartirlo con Pemex. Sucede que el depósito de crudo encontrado por los privados, liderados por la empresa texana Talos, atraviesa la frontera que divide su bloque de una parcela adyacente perteneciente a Petróleos Mexicanos.

Esto ocurrió sin la existencia de una legislación, por lo que correspondía al gobierno de entonces acelerar una reglamentación sobre la forma en la que estas dos empresas compartirían los recursos encontrados. Entonces, players del sector ya advertían que de no resolverse a tiempo, "afectarían el futuro del plan energético".

De hecho, el sector privado ya parecía anticipar el problema que se extiende al sexenio de la 4T: temían que se terminara otorgando un tratamiento preferencial a Pemex, considerando sus presiones financieras.

 "El gobierno debería extremar los recaudos, ya que si las empresas internacionales creen que la futura normativa no será justa, es muy probable que las inversiones se vean afectadas, deteriorando la producción y el rédito fiscal que el propio gobierno obtiene", opinaron fuentes consultadas en ese entonces por LPO.  

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Cuartoscuro

El conflicto tomó vigor cuando a finales del pasado septiembre, la agencia Reuters reveló que el gobierno actual buscaba el control total del yacimiento. Una posibilidad que no resulta ajena a los planes de la 4T, que busca el rescate y soberanía de la petrolera mexicana, además de tener un plan estratégico que se enfoca en aguas someras, justo donde está este pozo.

Citando a dos fuentes cercanos a la negociación, el medio internacional explicó que la petrolera mexicana buscaba tomar el control operativo. Las mismas fuentes aseguraron que: "Quitarle el control del proyecto sería un golpe simbólico al mayor cambio de política económica de México en décadas y podría enfriar aún más la inversión de las principales empresas de energía del mundo".

También revelaron que las empresas involucradas firmaron el año pasado un acuerdo preliminar de unificación para evaluar la posible extensión de Zama al bloque de Pemex que establece también los procedimientos para un Acuerdo de Operación Conjunta (AOC), en caso de confirmarse la existencia del campo en ambos bloques. "Pero si las conversaciones se estancan, la Secretaría de Energía tendrá que resolver las disputas y nombrar a una compañía para que supervise las perforaciones, lo que la convertiría en el operador del proyecto unificado", advirtieron. 

El conflicto escaló ayer con la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien consideró desafortunado este plan, calificándolo incluso de "perturbador", lo cual generó el disgustó del presidente mexicano, que esta mañana de jueves fue informado al respecto en su conferencia matutina. 

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"No tienen información (en EU) y con todo respeto: no porque es el departamento de Estado lo saben todo". Andrés Manuel López Obrador negó también el trascendido de Reuters: "Nosotros no estamos revisando ningún contrato de exploración y de perforación de petróleo que se haya otorgado a partir de la reforma energética".

Confirmó que se trata de un yacimiento que se comparte con Pemex: "No hay ningún problema. Es cosa que se informen bien. Además, con todo respeto, ¿por qué interviene el departamento de Estado?", cuestionó.

Reclamó que Estados Unidos debió primero -antes de emitir una opinión- pedir más información a través de Relaciones Exteriores. "Tienen que actuar con respeto a nuestra soberanía,  y a demás no es cierto. nosotros no cometimos ninguna arbitrariedad". López Obrador insistió que no se está revisando ningún contrato derivado de la reforma.