Las denuncias de Javier Corral sobre presunto estrangulamiento económico de las finanzas estatales por la investigación anticorrupción contra el PRI, desató una crisis a nivel de autoridades financieras. En medio de la presión, José Antonio González Anaya, titular de Hacienda y Crédito Público, mostró su cara más política y defendió la transparencia de la dependencia.

En medio de ese cruce de acusaciones, los empresarios se subieron al tema y aparecieron cuestionando esa defendida transparencia. Crítico, como se le ha visto últimamente frente a las decisiones del Gobierno, Gustavo de Hoyos, al frente de la Coparmex, acusó un gasto público estatal desordenado permitido por el Gobierno y las autoridades financieras, muchas veces con fines electorales.

"Los estados no atienden sus facultades fiscales y se atienen a un sistema federal que hoy les provee del 90% de sus recursos y la federación es condescendiente y omisa; No exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas", expuso en un comunicado.

Muy duro, denunció que "la relación entre gobierno federal y gobiernos estatales pasó de ser una relación de sumisión y se convirtió en una relación de conveniencia, en donde lo estados exigían transferencias y participaciones a cambio de su apoyo político".

Y es que, de acuerdo con esta confederación patronal, entre 2006 y 2011, muchas entidades crecieron en su endeudamiento, pero ninguna incrementó su gasto en obra pública, como establecía la constitución. Ahí, resaltó que en los estados de Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora, no solo es la más elevada, sino que tienen posibles problemas de sostenibilidad.

Otra de las acusaciones que hizo es que aseguró que "observamos con preocupación que las autoridades estén realizando contrarreformas en materia financiera".

José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público

En ese sentido, expuso la aprobación de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que permitirá a los gobiernos estatales, a partir de este año, utilizar en gasto corriente hasta 5% de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, siempre y cuando la entidad federativa se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible.

"El que esta ‘flexibilización' ocurra en un año electoral además de ser contrario a la ortodoxia financiera, parece inoportuno y sospechoso, especialmente cuando que algunas entidades federativas no hayan demostrado que la deuda desmesurada que contrataron se utilizó en gasto, en inversión productiva, o que han aumentado sus ingresos propios", sugirió.

Dijo que preocupa que los gobernadores y presidentes municipales utilicen esta laxitud para desviar a través de sofisticados y en ocasiones burdos mecanismos, recursos a maquinarias electorales.

Por lo anterior, esta organización que aglutina a diferentes grupos empresariales, exigió transparencia entre la federación y los estados en el ámbito financiero. También demanda la aplicación estricta de las normas federales y estatales en materia de disciplina financiera, y exige que la Secretaría Hacienda, la Auditoria Superior de la Federación, los Congresos Estatales y los órganos locales de fiscalización, cumplan cabalmente sus responsabilidades.

"Exigimos absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos de los estados, a fin de que estos sean destinados eficazmente a la inversión pública, proyectos productivos y a los programas sociales trascendentes por sus resultados, no a gastos impertinentes o superfluos".