A medida que avanzan las mesas de negociación del TLCAN, el mismo Gobierno acepta que el diálogo se va complicando y vuelven los temores de que el acuerdo trilateral llegue a su fin. Un escenario ya previsible con anterioridad por lo que México puso en marcha el plan de abrir nuevos mercados. Pero esta opción tampoco pinta color de rosa para Ildefonso Guajardo.

Y es que el secretario de Economía se está encontrando con una petición bastante dura y controversial que pone una fuerte traba para su avance -que va en la quinta etapa de negociaciones-: la Unión Europea estaría buscando que los productos que comercializa esta región en el país lleven su etiquetado, según pudo saber La Política Online.

El problema es que esta petición implica una violación directa a las normas mexicanas. Con más precisión a la NOM50 sobre el etiquetado de los bienes. Y es que conforme a las reglas de la OMC, cada país tiene el derecho de dar información a su consumidor, con etiquetas propias.

"Hay tema de idioma pesos y dimensiones que deben ajustarse a la normativa nacional", recuerda la internacionalista del CIDE, Luz Maria de la Mora, que en ese sentido, explica que es muy difícil que una proposición de este tipo pueda ser avalada.

Esta demanda de Bruselas tiene varias implicaciones. En primer lugar, generar conflicto con otros países con los que se tenga acuerdo comercial (como los del TLCAN), porque podría interpretar esta decisión como un privilegio a esta región y por tanto, pedir el mismo trato. Y además surge el cuestionamiento de si la Unión Europea daría el mismo trato a México. Entre los especialistas dudan que esto pudiera ocurrir.

En segundo lugar, según explicaron a esta redacción fuentes cercanas al proceso, terminaría afectando otro tipo de áreas más administrativas. Sobre todo preocupa en cuestiones de reglas de origen.

Hay que tener en cuenta que en caso de investigación antidoping, estas se realizan a nivel nación, pero no existen las herramientas para realizarlas a nivel región, como implicaría en el caso de la Unión Europea. Esto podría derivar en afectar inversiones y en pensar en modificar la normativa de un nivel nacional a regional, lo que aumenta las dificultades para México.