Diputados de Morena presentaron a la Comisión Permanente una iniciativa con la que buscan modificar el sistema fiscal mexicano y que éste opere, "bajo la lógica de que pague más, quien más gana"; a fin de lograr justicia en la distribución de los recursos.

Los legisladores Manuel Vázquez Arellano y la vicecoordinadora Aleida Alavez Ruiz, suscribieron la propuesta donde se agrega el concepto de progresividad tributaria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, referente a las obligaciones de los mexicanos.

En el texto del proyecto se señala un reparto equitativo de las cargas tributarias, en el que se responsabiliza a los grandes contribuyentes a pagar conforme a sus altísimos niveles de renta, lo que explicaron los legisladores, "refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad económica o de pago, deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos".

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En este marco, el documento señala que "aunque las empresas captan el 64 por ciento de ingresos del país, pagan sólo el 38 por ciento de los impuestos recaudados por ingresos; claramente, el porcentaje restante lo pagan las personas trabajadoras".

Además advierte que la recaudación de impuestos sobre la propiedad en México es extremadamente baja, en comparación con otras naciones en desarrollo, incluso de países de Latinoamérica.

Por ello, argumenta, "es necesario reconocer la necesidad de impulsar nuevos impuestos al patrimonio y a la riqueza de éstos grandes capitales en el país, pues ello constituiría una forma de resarcir el trabajo incompleto que hacen los impuestos insuficientemente progresivos".

El diputado Manuel Vázquez.

Especial

En consecuencia, los legisladores de Morena apuntaron que consideran viable y responsable "robustecer el marco constitucional mexicano a fin de establecer los cimientos jurídicos que permitan la creación de nuevos gravámenes que impacten únicamente a la riqueza extrema".

Finalmente, los parlamentarios señalaron que el sistema fiscal debe ser funcional y con perspectiva social, la cual debe cumplir con dos funciones principales: recaudar ingresos para sostener el gasto público, y tener un efecto redistributivo, "es decir, ser capaz de cerrar las brechas de desigualdad económica que prevalecen entre la población".

El proyecto en comento fue turnado directamente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictaminación.