Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Estado aclaró que los colectivos de búsqueda sí fueron consultados para la creación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Baja California, circunstancia en la que serán destinados más de 35 millones de pesos para la operación de la Comisión de Búsqueda, de acuerdo con el gobierno del estado.

Fue apenas este pasado lunes cuando con 22 votos a favor, una abstención y el rechazo de representantes de algunos colectivos, el Congreso local aprobó el dictamen número 10 de la Comisión para la Reforma del Estado y Jurisdiccional, con lo cual se crea la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas en Baja California.

No obstante, posterior a este anuncio, el presidente de Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, indicó que analizan vías para impugnar la recién aprobada Ley en Materia de Desaparición Forzada del Estado.

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Declarando que la legislación no contempló las recomendaciones hechas por los asociaciones, una de ellas realizar ajustes en la asignación de presupuesto para la Comisión de Búsqueda.

Situación ante la que incluso ya se proclamó la gobernadora Marina del Pilar puntualizando que antes de ser aprobada la Ley en materia de personas desaparecidas, sí fueron tomados en cuenta los colectivos de búsqueda.

"Hubo durante muchos meses mesas de trabajo en relación a las opiniones de los colectivos y entiendo que el tema radica en particular en un tema presupuestal", dijo la mandataria durante su pasada conferencia de prensa.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la fecha exacta en que sería nombrado el nuevo comisionado, la mandataria respondió que esto sería en un par de semanas.

"Fueron muchos años y meses que se estuvo trabajando esta ley que fue aprobada este pasado domingo o lunes en el Congreso del estado, es un avance importante en esta materia", dijo.