Una nueva polémica se ha vuelto a abrir en torno del magnate mexicano Germán Larrea. Ahora es Estados Unidos quien ha puesto la mira sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el marco del T-MEC de la mina de San Martín, propiedad de Grupo México, por lo que ya solicitó al gobierno mexicano realizar una investigación al respecto.

Este viernes se dio a conocer que la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, presentó una queja en el marco del tratado comercial para que el gobierno mexicano investigue si los empleados de una mina en Zacatecas tienen acceso a su derecho de libre asociación y negociación colectiva.

México tiene hasta diez días para responder a esta solicitud y 45 para realizar la investigación, en caso de aceptarla.

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La queja procede a una solicitud recibida por la oficina en Washington desde el pasado 15 de mayo en la cual sindicatos en EU y México señalaron que Grupo México reanudó operaciones en la mina ubicada en Zacatecas a pesar de una huelga en curso. Además, aseguró que la empresa participó en negociaciones colectivas con una coalición de trabajadores a pesar de que el sindicato Los Mineros tiene el derecho de representar a los trabajadores.

A partir de ese momento, el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación analizó el caso y determinó que existen pruebas suficientes y creíbles de una denegación de derechos, por lo que se procedió a esta queja.

Además, se instruyó al departamento del Tesoro, que encabeza Janet Yellen, para suspender la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías provenientes de la mina de plomo, zinc y cobre de San Martín.

A finales de este mayo Larrea estuvo en la mira pública luego del conflicto con el gobierno federal, tras la decisión desde Palacio Nacional de tomar, de manera temporal, un tramo de vías propiedad de Ferrosur, Grupo México, que intercede con la ruta trazada para el tren transístmico. Durante esos días hubo mensajes cruzados sobre esa negociación, en donde López Obrador aseguró que el empresario había aceptado ceder una parte de la vía, pero después intentó realizar un cobro millonario.

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La empresa, por su parte, aseguró que la acción del gobierno federal los tomó por sorpresa y amenazó con tomar acciones legales. Finalmente se logró un acuerdo en el que se acordó entregar el tramo de vías en Veracruz al gobierno, a cambio de una ampliación a la concesión de la empresa.

En el medio también se vio afectada la operación de compra de Banamex, donde Larrea figuraba ya como el único postor, sin embargo, Citigroup decidió optar mejor por salir al mercado bursátil, operación que se tiene prevista ocurra hasta 2025, una vez que pase el proceso electoral.