La Corte Suprema de Justicia propinó hoy dos reveses al gobierno. Por un lado, desestimó los pedidos de excusación y recusación formulados por el Estado nacional contra sus integrantes, en el litigio abierto por la Ciudad de Buenos Aires contra la Casa Rosada después que el presidente Alberto Fernández dispusiera la captura de un punto porcentual de la coparticipación que recibía la Capital Federal.

El primer mandatario pretendía transferirle dinero a la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de nutrir sus arcas y que Axel Kicillof pudiese mitigar el conflicto desatado con la Policía Bonaerense en la primavera de 2020.

Por otro lado, el máximo tribunal descartó también los argumentos de la abogada Graciana Peñafort para apartar a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Juan Carlos Maqueda, ante el planteo del senador Luis Juez por la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En este caso, el pleito se desató cuando el kirchnerismo subdividió su bloque en el Senado y pretendió incrementar su representación entre los consejeros. La ecuación perjudicaba al macrismo y, por esa razón, Juez y Humberto Schiavoni recurrieron al Palacio Talcahuano vía per saltum ante el tropiezo cosechado en tribunales inferiores.

Ambos fallos se dieron 48 horas después que el kirchnerismo dictaminara favorablemente el expediente de juicio político contra los cortesanos.

En el "caso Coparticipación", la recusación apuntaba a Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda pero la resolución del 4º Piso de Tribunales la desestimó por improcedentes. Además, contestó sobre la impugnación contra Rosatti por los mensajes encontrados entre uno de sus colaboradores y el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. "Se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado", argumentaron.

En ese sentido, citaron la sentencia del juez Sebastián Ramos, quien postuló que "no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

Sobre el "caso Consejo de la Magistratura", los supremos desestimaron el planteo de Peñafort basado en la falta de imparcialidad de Rosatti, por ser también titular de ese órgano. "El invocado interés personal del juez se infiere y pretende fundarse exclusivamente en el cumplimiento de un deber legal que impone el desempeño de un rol institucional", alegaron.