El empresario Gerardo Werthein, dueño de uno de los holding más importantes del país, podría sufrir cuestionamientos de su pliego como embajador argentino en Washington en el Senado, a raíz de una denuncia judicial por estafa procesal que tramita en la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación en Rosario.

El hombre que Javier Milei quiere para llevar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y uno de sus principales aportantes de campaña, fue indagado el 17 de Abril de este año como partícipe primario en la supuesta simulación de documentos que declaraban cancelada una deuda por 84 millones de dólares a favor del empresario rosarino Leo Grinspunch, en el marco de la venta de Cachamai. Un caso que en su momento llegó a los diarios rosarinos.

La causa la investiga el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos,  Mariano Rios Artacho. En la indagatoria Werthein eligió comparecer por zoom, ya que como queda claro en la causa tiene domicilio legal y fiscal en Punta del Este, Uruguay, otro de los puntos que aduce el kirchnerismo para cuestionar su nombramiento.

Si bien el kirchnerismo ya analizaba cuestionar la designación de Werthein por haber pagado el avión privado que trasladó al Presidente en su visita a territorio norteamericano después del balotaje, la información que llegó a los principales despachos del Senado abre situaciones más delicadas, porque cruza operaciones muy polémicas como la toma de control de Telecom por parte de Werthein durante el gobierno de Néstor Kirchner. 

En la denuncia se cruzan negociaciones con contradocumentos que vinculan la venta de Cachamai y otros bienes con la toma de control de Telecom, que en su momento generó enorme revuelo porque fue bastante visible el interés de Kirchner en la maniobra.

Werthein intentó justificar el uso del avión y sacaron al Kun Agüero para que lo defienda 

La calificación jurídica que se atribuye en el pedido de imputación a Werthein sostiene que el empresario está sospechado de haber cometido el delito de "defraudación por suscripción engañosa de documento". 

LPO accedió al pedido de indagatoria donde se indica que el 9 de abril de 2012 se habría concretado "un convenio de reconocimiento de deuda y compromiso de pago" entre Leo Grinschpun y Daniel Werthein, en representación del Grupo W, por 84 millones de dólares. También se rubricaron ese mismo día tres anexos que especificaban formas y montos para saldar los pagos.

Una semana después se suscribió un nuevo anexo que bajaba ligeramente la deuda. Allí se precisaba que se había calculado el monto erróneamente: la suma no era de USD 84060197 sino de USD 84015499.

La causa la investiga el fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Mariano Rios Artacho. En la indagatoria Werthein eligió comparecer por zoom, ya que como queda claro en la causa tiene domicilio legal y fiscal en Punta del Este, Uruguay, otro d elos puntos que aduce el kirchnerismo para cuestionar su nombramiento.

Ya en marzo de 2015, ese acuerdo derivó en una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 7ª Nominación de Rosario, a los fines de lograr judicialmente el cobro de lo adeudado. En representación de Grinspuch, se presentó el abogado Leopoldo Hernández pero también asistió al despacho judicial, meses más tarde, Matías Scalona, quien solicitaba intervención por haber sido redactor y negociador del convenio y reclamaba sus honorarios por 1 millón de dólares.

Werthein contestó el 1º de octubre de ese año con una denuncia penal contra Grinspuch ante el fiscal Carlos Stornelli en el fuero federal de Comodoro Py, en lo que se interpretó como un intento de sacar la causa de los tribunales rosarinos. Como sea, Werthein entregó un "contradocumento" que habría firmado Grinspuch con la intención de dejar constancia del pago de los derechos que emergían de los convenios de 2012.

Ese texto, se supone, contendría un acuerdo cancelatorio de la deuda que curiosamente habrían reconocido el mismo día. 

Cuando el acreedor falleció, en enero de 2016, los hijos comparecieron en la causa pero cedieron sus derechos en el litigio a Scalona. Werthein amplió entonces su denuncia en el juzgado federal contra los herederos de Grinspuch y el propio Scalona, por considerarlo el "arquitecto de la estafa".

Durante el proceso, Scalona habría atestiguado que el convenio entre Grinspuch y Werthein obedecía a deudas del grupo empresario con el acreedor por ventas de inmuebles para uso del holding, préstamos de bonos y dinero, en el marco de la venta de la empresa Cachamai.

A principios de 2017, Matías Scalona solicitó ser tenido por parte querellante contra Daniel Werthein "y otros" y sostuvo que el relato del empresario, donde dice que el mismo día del reconocimiento de la deuda se suscribió el documento cancelatorio de deuda, es falso, que es insólito e imposible de sostener que el mismo día las partes suscriban dos documentos francamente contradictorios y que resulta indudablemente demostrativo que inició un proceso penal sobre la base de un documento obtenido mediante engaño.

Pero en marzo de ese año, Scalona giró completamente su posición y desistió de la denuncia contra Werthein. Declaró que accedió a "más información", entendió que "las cosas no eran tal como se lo habían informado y Werthein no tenía deudas con Grinspuch". Werthein entonces también declinó la acción penal.