El FMI informó este martes que llegó a un acuerdo a nivel del staff técnico con Costa Rica para un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) o Extended Fund Facilities (EFF), el mismo tipo de crédito que acordó con Argentina el viernes de la semana pasada.

Las diferencias en los procesos de negociación son muy marcadas. Sin más, mientras a Argentina se le pidió un compromiso de convergencia al superávit fiscal a tres años sin ninguna reforma estructural ortodoxa, al gobierno costarricense se le exigió una profunda reforma laboral para los trabajadores estatales y equilibrar las cuentas en 2022 para tener en 2023 su primer año superavitario.

El FMI fue más permisivo con Argentina que con Kenia, Gabón, Ecuador y todos los países con los que acordó en 2021 

En efecto, la reforma laboral se aprobó el lunes y el martes el Fondo le dio luz verde a reanudar los giros de un crédito por 1.778 millones de dólares ( 350% de su cuota) a desembolsar en 36 meses.

"Las autoridades han realizado avances importantes como parte de su programa, incluyendo la aprobación de la Ley de Empleo Público, para garantizar la sostenibilidad fiscal, mejorar la equidad y la eficiencia de la administración pública, y fortalecer las redes de protección social y el cumplimiento tributario", dijo la técnica del FMI encargada de cerrar el acuerdo a nivel del staff, Manuela Goretti.

"Una política fiscal prudente y la consecución de reformas en el lado de la oferta seguirán siendo fundamentales hacia adelante para aumentar la resiliencia de la economía costarricense a los shocks y promover el crecimiento inclusivo y sostenible y la creación de empleo", agregó al tiempo que destacó la política monetaria acomodaticia en pos de la relativamente baja inflación doméstica y las necesidades de recuperación de la economía en la pos pandemia.

En realidad, se trata de un acuerdo firmado en 2021 que quedó en suspenso por la exigencia de reformas estructurales con las que sanear las cuentas públicas. La reforma de la estructura salarial del Estado permitiría un ahorro de 600 millones de dólares anuales y aunque fue resistida por parte de la sociedad consiguió la aprobación de la Asamblea Legislativa, que también dio aprobación a los nuevos términos del EFF acordados esta semana y descuenta conseguir la ratificación en una segunda votación en los próximos días.

 El crédito se destinará en  un 90% al pago de deuda  y el resto será para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

AP

Similar al caso argentino, el Gobierno de Carlos Alvarado, se comprometió a llegar a un plan económico que supera su mandato. En el caso de progresista Alvarado, su presidencia concluirá en mayo del 2022. Así y todo, comprometió reformas estructurales y un ajuste para conseguir 1% del PBI de superávit en 2023 y seguir creciendo hasta alcanzar el 4,75% del PBI en 2025 que sirva para reducir al 50% el ratio de deuda sobre PBI del 70% actual.

La senda contrasta abismalmente con las proyecciones argentinas de mantener los gastos creciendo sobre la inflación y en un nivel superior al de los ingresos hasta 2024 inclusive, haciendo subir el endeudamiento bruto.

Para Alvarado, que asumió en 2018 con una plataforma de ampliación de derechos, legalización del matrimonio homosexual y equidad de género, la estabilidad macroeconómica es condición necesaria para devolver al país al crecimiento sostenido. Por eso, apura una agenda de reformas que le evitará a su sucesor -en la primera vuelta de las presidenciales su partido recibió una aplastante derrota al obtener menos del 1% de los votos- las reformas más controvertidas. El próximo 3 de abril en segunda vuelta se decidirá el próximo presidente.

Por lo pronto, el crédito implicará en las próximas semanas el desembolso de casi 300 millones de dólares y el resto se desembolsará cada seis meses conforme al cumplimiento de las metas fiscales a lo largo de los próximos tres años y de las reformas estructurales comprometidas. En esto, se parece más a la estructura de crédito que Cardoso le dejó a Lula da Silva en Brasil y se diferencia del acuerdo de Guzmán que -al igual que el de Dujovne- tiene los desembolsos frontalizados en el gobierno presente y deja para el siguiente menos desembolsos y más obligaciones. 

Al igual que el EFF de Guzmán, será a 10 años, con los tres primeros de desembolsos y cuatro años de gracia para darle tiempo a la economía a responder a las reformas estructurales. La diferencia es que, sin punitorios o sobretasas, pagará 2,05% anual.