A Pablo Muñoz Nieto, coordinador del área de Transporte de la organización Ecologistas en Acción, el anuncio de Pedro Sánchez sobre la ampliación del aeropuerto de Barajas no lo sorprendió. Dice que la inversión de la mega-infraestructura de transporte forma parte de la hoja de ruta del PSOE. Y que Moncloa ya defendió este proyecto en la pasada legislatura.
Para este experto en movilidad sustentable, la sorpresa llegó minutos después del anuncio, cuando en el mismo discurso el presidente de Gobierno reconoció que "nos va la vida en mitigar y adaptarnos a los efectos ya reales del cambio climático".
"La contradicción es burda y la incoherencia es mayúscula. Porque además el mismo gobierno tiene un plan de reducción de vuelos cortos. No es muy coherente querer aumentar las operaciones de larga distancia. Las emisiones que se puedan reducir con una medida van a ser ampliamente compensadas con la otra", analiza en diálogo con LPO.
Muñoz Nieto es uno de los autores del único estudio de impacto ambiental que hay sobre la mesa en relación a esta ampliación de infraestructura. En junio del año pasado, Ecologistas en Acción publicó un informe con los principales impactos del proyecto de 2018, muy similar al que ha desempolvado Sánchez.
El estudio cuantifica los aumentos de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) y contaminantes atmosféricos (óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión) que produciría la ampliación del aeropuerto proyectada por el Gobierno.
De forma general, las emisiones aumentarían entre un 20% y un 35% respecto a los niveles de 2019 para el conjunto de los contaminantes analizados. "La conversión de Barajas como hub para vuelos de larga distancia contribuiría decisivamente al aumento exponencial de las emisiones del aeropuerto, y en especial de las de dióxido de carbono", concluye el trabajo.
En 2022, Madrid recibió un total de 60.220.984 de pasajeros (18,9% más frente a 2022). El Gobierno pretende ampliar las operaciones para que por Barajas circulen 90 millones de viajeros.
Barajas es uno de los cuatro aeropuertos más emisor de CO2 de la UE junto a París-Charles de Gaulle, Frankfurt y Ámsterdam-Schiphol.
"Estas emisiones que calculamos podrían ser mayores porque en el anuncio de su proyecto Sánchez subió el tope a 90 millones de pasajeros. El proyecto de 2018 contemplaba 80 millones", aclara Muñoz Nieto.
En su estudio, Ecologistas en Acción analizó la actividad del aeropuerto en los últimos diez años, como base para proyectar tres escenarios de demanda y reparto por tipos de ruta en 2030: un escenario de crecimiento natural del aeropuerto sin ampliación; y dos escenarios con ampliación de capacidad, uno de ellos con un crecimiento de la demanda moderado y otro con un alto crecimiento de la demanda.
Los resultados del estudio son contundentes: en cualquiera de los escenarios descritos las emisiones de NOx crecerían entre un 20,74 % y un 30,12 % por encima de los niveles prepandémicos. Por su parte, las emisiones de partículas en suspensión aumentarían entre un 22,38 % y un 30,48 %; y las de CO2 entre un 20,60 % y un 34,96 %.
Las contradicciones del Gobierno, agrega el experto, no son solo entre acción y discurso. También entre sus propias políticas. Los planes para ampliar la capacidad de Barajas son incompatibles con el recién aprobado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una reducción del 46 % en las emisiones del transporte, el sector que más gases de efecto invernadero emite en España".
El problema, reflexiona, es que "no es sólo Barajas". El Gobierno quiere también avanzar con la ampliación del Prat (Barcelona), agrandar los aeropuertos de Canarias y Alicante y también el de Valencia, que es pedido del gobierno del PP y Vox.
"Nos preocupa e inquieta la visión subyacente de ese crecimiento exponencial a toda costa de números de vuelos", explica Muñoz Nieto sobre el trasfondo de la medida. Esta organización activista ya ha pedido reuniones con el ministerio de Transporte (Oscar Puente) y de Transición Ecológica (Teresa Ribera) para saber si la administración tiene algún estudio propio de impacto ambiental.
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"No nos queda claro cuál es la obligación administrativa en la evaluación ambiental del proyecto. Las fuentes del PSOE que hemos consultados nos reconocen que no cuentan con cifras de impacto. Nos parece una irresponsabilidad. Nuestro estudio es el único que hace esta estimación. El plan director del aeropuerto es del año 1999, de hace casi un cuarto de siglo en un momento en el que no se disponía del conocimiento que tenemos ahora sobre los impactos del transporte. Sea o no sea obligatoria administrativamente una declaración de impacto ambiental, el Ejecutivo debería hacer este tipo de estudio", concluye.
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