La entrada en territorio español de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, sigue en la mira de la Justicia. Este jueves el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, decidió avanzar a fondo y pedir a la oficina local de Sirene y a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones que se le informe de cualquier orden de detención del dirigente saharaui en cualquier país de la zona Schengen.

Lasala investiga actualmente las circunstancias en las que Ghali ingresó y salió de España. El magistrado imputó al exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino, y el martes de esta semana hizo lo mismo con la extitular de la cartera, Arancha González Laya.

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En concreto, Lasala quiere saber quién fue el funcionario que dio luz verde a la entrada del líder polisario el pasado 18 de abril, cuando aterrizó en la base militar de Zaragoza para ser atendido por su cuadro de coronavirus.

Ghali salió de territorio español el 2 de junio, después de declarar desde el hospital por la querella que en 2008 presentó la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), que le involucraba en crímenes de genocidio y tortura, entre otros. Semas más tarde, la Audiencia Nacional cerró el caso.  

El Gobierno de España hizo lo que debía, que era dar una respuesta humanitaria, y lo hizo como debía, es decir conforme a la ley

Por su parte, Pedro Sánchez volvió a defender la permanencia de Ghali en España y señaló que "hubo una petición humanitaria para salvar la vida a una persona que estaba a punto de morir". "El Gobierno de España hizo lo que debía, que era dar una respuesta humanitaria, y lo hizo como debía, es decir conforme a la ley", sostuvo el presidente.

Sobre la posibilidad de que Ghali haya ingresado a España con un pasaporte falso, una de las cuestiones que ocupan a Lasala, Sánchez atinó a responder que hay que ver "en qué queda" ese asunto. El presidente evitó además adjudicar la responsabilidad por la entrada del líder polisario.

Lasala se valió de las declaraciones de Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro de Interior, José María Muriel Palomino, exsecretario general técnico de Exteriores y María Isabel Valdecabres, exdirectora de gabinete de Carmen Calvo. Tampoco descarta tomarle testimonio a la exvicepresidenta primera. El magistrado trabaja en la hipótesis de que Sánchez fue el máximo responsable en el "caso Ghali".