El PSOE y Sumar, las principales fueras de la coalición progresista que lidera Pedro Sánchez, dan por hecho que habrá una ley de amnistÃa, la exigencia del independentismo, de ERC y Junts, para investir al candidato socialista.
Las negociaciones abiertas con los catalanes está centrada ahora en el cómo y en el cuánto. Carles Puigdemont exige que la normativa alcance a 1.400 personas, todos los dirigentes y civiles que están investigados en procedimientos penales ligados al referéndum ilegal del 1-O.
La cifra aparece en la propuesta de ley de amnistÃa que las formaciones independentista presentaron el el Congreso en 2021, tumbada por la Mesa con los votos del PSOE, PP y Vox al considerarla "inconstitucional".
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En aquel borrador, que no fue admitido a trámite y no llegó al Hemiciclo, pedÃa indultar cualquier acto "de intencionalidad polÃtica" celebrado desde el 1 de enero de 2013. De este modo, quedarÃan amnistiados tanto los presos por el 1-O como los condenados por el 9-N de 2014.
Los juristas del PSOE, que ya trabajan en la redacción de la futura ley, consideran que el alcance de los beneficiados tiene que ser menor para que el proyecto tenga un doble encaje, constitucional y polÃtico.
Sánchez y DÃaz dan por zanjado el debate sobre la constitucionalidad de la futura ley. En los últimos dÃas, dirigentes de ambos partidos empezaron a instalar esta sentencia.
"Tiene encaje constitucional y puede salir adelante", deslizó el el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. "Una amnistÃa no es una concesión. Es una solución. Para la modernización y democratización de las estructuras del estado. Cada vez más voces lo reconocen: tiene perfecto encaje, es una cuestión de voluntad polÃtica", agregó en la misma sintonÃa Iñigo Errejón, lÃder de Más PaÃs.
La coalición se escuda en la interpretación de sus juristas. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, explica que la amnistÃa cabe en la Constitución porque, aunque ésta prohÃbe los indultos generales, "una amnistÃa es distinto de un indulto".
Otros letrados, en cambio, consideran una futura ley de inconstitucional porque la Carta Magna atribuye al Poder Judicial la competencia para juzgar y cree que la amnistÃa, en la práctica, borra esta acción de los tribunales.
El abogado Jaume Asens, exlÃder parlamentario de Unidas Podemos, encargado de negociar entre Sumar y los independentistas, rechaza esta interpretación.
"El Constitucional ya lo resolvió con muchas sentencias a favor. La amnistÃa funda nuestro régimen polÃtico: nace con ella en el 78. La Constitución está muy influida por la alemana, que a diferencia de la mayorÃa de paÃses europeos no regula la amnistÃa. Lo que no está prohibido, está permitido. Si el constituyente hubiera querido, la habrÃa prohibido como con los indultos generales, la censura o la pena de muerte", aclaró este fin de semana en una entrevista a El PaÃs.
Y agregó: "El indulto es individual y lo otorga el Gobierno con un decreto. La amnistÃa la aprueba el Congreso en forma de ley y afecta a un conjunto de personas. Se usa históricamente para acabar una situación de tensión. Es un borrón y cuenta nueva. La amnistÃa puede ser una fórmula y la estamos estudiando. PodrÃa servir para poner el contador a cero y volver a empezar. Iniciamos la desjudicialización con los indultos y ahora toca ser más ambiciosos, pasar página de muchas cosas sucedidas en el pasado y mirar al futuro".
Este lunes por la mañana, la portavoz de ERC, Raquel Sans, cel que la amnistÃa "forme parte" de la negociación para una hipotética investidura del lÃder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque ha descartado concretar cómo se debe desarrollar una futura ley de amnistÃa. Durante una rueda de prensa que se ha celebrado este lunes, Sans ha explicado que su formación ya está en contacto tanto con representantes del PSOE como de Junts, aunque ha matizado que "aún no se han concretado en una negociación real".
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