La Fiscalía de la Audiencia Nacional dejará que la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado formalice su demanda contra el Ministerio de Interior por la deportación de menores procedentes de Marruecos que llegaron a Ceuta en mayo pasado. Una vez estudiada la demanda, fijará su posición sobre el fondo del asunto.

Si bien no se trata de un respaldo explícito, el Ministerio Público busca centrar la atención en la demanda en sí. La ONG insiste en que Interior ha vulnerado los derechos fundamentales de los menores y no ha actuado conforme a las leyes.

Fernando Grande-Marlaska aseguró el mes pasado que su Ministerio no dio orden alguna acerca de la devolución de 700 menores marroquíes que pudiera ser recurrida en la justicia. Incluso la cartera que dirige aseguró que las deportaciones son competencias del Gobierno autónomo y de la Delegación del Gobierno, que responde al Ejecutivo.  

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Por su parte, la Red y la Fiscalía coinciden en que la devolución de los menores a Marruecos contradice la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que España ratificó en 1990, y también las disposiciones de la Ley de Extranjería del año 2000. La norma establece que antes de deportar a un menor el gobernó debe pedir al Ministerio Público y a los servicios sociales un informe.

Pero la ONG asegura que las deportaciones ni siquiera respetaron el tratado bilateral firmando entre Marruecos y España en 2007 que regula el asunto. Interior ha intentado justificarse al decir que los menores estaban bajo tutela de la administración local en Ceuta.

Luego pidió a la Audiencia Nacional que no tramitara el recurso de la ONG ya que carecía de "sentido y eficacia" por una medida cautelar que a mediados de agosto suspendió de manera temporal las deportaciones. En un intento más por desmarcarse del tema y evadir posibles consecuencias judiciales, el Ministerio del Interior deslizó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta se estaba ocupando del caso, por lo que la intervención de la Audiencia sería juzgar dos veces lo mismo.