Ya hay Gobierno. Y ya hay Ley de Amnistía registrada en el Congreso. ¿Qué falta para que Carles Puigdemont y al resto de los independentistas alcanzados por la normativa obtengan al perdón judicial? Mucho. Hay varios obstáculos por sortear y plazos que pueden estirarse durante todo el 2024.

El primer escollo del texto que esta semana fue presentado en solitario por el PSOE será el de superar la tramitación parlamentaria. En los próximos días, el expediente pasará a la mesa para su calificación. El siguiente paso es enviarlo al pleno para posteriormente celebrar el debate de toma en consideración. Esta primera etapa llevará entre veinte días y un mes. 

Es probable que la apertura para las enmiendas coincida con el receso de Navidad (15 días), por lo que el paso del aval de la comisión de Justicia y la votación en el pleno puede darse recién a mediados de febrero.

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Para el PP, las enmiendas mostrarán la "verdadera cara" de la ley El vicesecretario de Institucional de los populares, Esteban González Pons, ha lamentado que sólo se conozca el "trozo socialista". "No conocemos las enmiendas que harán Junts, ERC y Bildu, no hemos visto la ley entera", ha alertado.

 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. 

Europa Press

 Tras lograr el aval de la Cámara Baja, la ley pasará al Senado, el primer gran obstáculo, como adelantó LPO. El PP, que cuenta con mayoría absoluta, ya ha reformado el reglamento para que la la Mesa tenga la potestad de decidir o no de aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley. Esto quiere decir que la sanción podría dilatarse dos meses y que el PSOE no podría utilizar un trámite de urgencia de 20 días, como pretendía hacerlo.

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Si el PP logra estirar al máximo los plazos,  el texto de la amnistía volvería al Congreso para su aprobación definitiva entre abril y mayo. Una vez que la ley quede publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los jueces podrán empezar a analizar caso por caso para otorgar o rechazar la amnistía.

El texto presentado por el PSOE contempla un plazo máximo de dos meses para este análisis, pero como ya pasó con otras leyes, la reforma del delito de malversación, por ejemplo, habrá una "horquilla para la interpretación" que puede dilatar aún más esta etapa.

Si el TC avala la ley, faltará un escollo para que la ley se materialice en plenitud: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PP confía en la "carta europea"

En paralelo, el PP y Vox, como ya han adelantado, plantearán cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional para que fije si la ley está dentro o fuera del marco que contempla la Carta Magna. 

La Sala de lo Penal podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad por un lado y una cuestión prejudicial ante Europa por otro lado. Esta acción dejará las revisiones de las causas en suspenso.

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Si el TC avala la ley, faltará un escollo para que la ley se materialice en plenitud: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PP confía en la "carta europea". No en vano, a principio de semana, Feijóo pidió un encuentro con los corresponsales extranjeros "la política internacional" esté al tanto de la norma.

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Superada esta última traba, los jueces podrán en ese momento concretar las amnistías en los casos que correspondan. Recién entonces, con fecha incierta, Pugidemont podrá volver a España sin ningún pedido de captura en su contra. Difícilmente sea antes de la segunda mitad del 2024.