"Coincidimos que en la calle hay una percepción de que se han relajado los controles para las renovables. Por eso estoy aquí. Por eso la necesidad de comunicar los datos. Esa percepción no se condice con la realidad". Van casi dos horas de exposición y debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, intenta ser conciliador con los diputados que lo interpelan.
Está sentado en el estrado para informar sobre "el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovables" de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022, normativa que ha generado un revuelo político y social por la supuesta desregulación del mercado verde en favor del sector privado y en contra de los territorios afectados por cientos de macroproyectos.
Las acusaciones que recibe Morán son fuertes. "El Ministerio ha entregado este mercado al oligopolio y a los fondos de inversión. No está justificado que las renovables tengan la condición de utilidad pública. Estamos hablando de puro negocio", le espeta el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
"Estamos frente a un despliegue de renovables de forma desordenada y al dictado de las grandes empresas, las únicas que se están beneficiando de este boom depredador. Con las nuevas directivas, las empresas deciden dónde y cómo instalarse porque son ellas las que hacen el estudio de impacto ambiental", lanza Néstor Rego, portavoz parlamentario de BNG.
El micrófono se enciende en el asiento de Juan López de Uralde, diputado de Alianza Verde/Podemos: "Los artículos 22 y 23 suponen un disparo en el pie al desarrollo de las renovables. Lo dice gente del propio sector. La simplificación va a generar que pasen por buenos proyectos que no lo son. Se está generando mucha oposición en los territorios".
Pero Morán, con datos estadísticos en su mano, insiste en que "no hay ni un ápice de relajación en la evaluación ambiental" y que "las garantías de salvaguardia ambiental mantienen su exigencia".
"No hay ningún elemento que en estos momento nos permita concluir que esta norma ha abierto las puertas a una mayor permisibilidad ambiental y que, por tanto, se aprobasen más proyecto de los que se deberían haber probado", se defiende de las acusaciones.
Recuerda que, en el contexto de la guerra de Ucrania y de las directrices europeas para acelerar el despliegue de las renovables, España fue desde marzo del año pasado levantando progresivamente la obligación que tenían los promotores de pasar por una Evaluación de Impacto Ambiental (DIA), trámite con demoras de entre dos y tres años.
En marzo, se eximió de este requisito a las instalaciones más pequeñas, de hasta 75 MW de potencia instalada eólica y 150 fotovoltaica. Y en diciembre, en la actualización del decreto anticrisis, la flexibilización se abrió a las inversiones de cualquier tamaño, salvo en tres líneas rojas: proyectos en Red Natura 200, en el medio marino, en espacios naturales protegidos y con puntos de evacuación de más de 15 kilómetros.
"Todo el resto goza del procedimiento simplificado", subraya. Y explica que, para iniciar el trámite exprés, los promotores deben presentar una solicitud de afección ambiental, un anteproyecto, un estudio de impacto ambiental y un resumen ejecutivo que cuantifique los impactos ambientales (Red Natura, biodiversidad, especies protegidas, afección por vertidos a causes públicos, generación de residuos, etc.).
Una vez presentado el expediente, el MITECO tiene dos meses para evaluarlo. Luego se remite a la comunidad autónoma correspondiente, con diez días más de plazo para observaciones.
"El proyecto puede continuar y obtener autorización por no apreciarse afecciones al medioambiente o, por el contrario, debe someterse al requerimiento de evaluación ambiental ante dudas y faltas de garantías", explica el secretario.
"Nadie nos dijo que íbamos a tener que sacrificarnos para que Berlín tenga energía verde"
Y expone el "resultado final de esta simplificación": 130 expedientes tramitados bajo el procedimiento abreviado (de un total de 300), de los cuales 118 ya fueron resueltos. 35 con resultados favorables, 30 inadmitidos por deficiencias en sus presentaciones, 35 desestimados (desistidos por los promotores), 18 con evaluación desfavorable que deben someterse al procedimiento de evaluación ordinario y 12 aún en evaluación.
"Como decimos en nuestra tierra esta nos suena a música celestial. Hay una descripción que de modo alguno no tiene que ver con la realidad que nosotros vivimos en nuestro territorio. Dice que no ha cambiado nada, pero no es así", responde Guitarte al escuchar los números.
Tras un año en vigor del sistema de evaluación simplificado para proyectos de %uD835%uDC2B%uD835%uDC1E%uD835%uDC27%uD835%uDC28%uD835%uDC2F%uD835%uDC1A%uD835%uDC1B%uD835%uDC25%uD835%uDC1E%uD835%uDC2C
%u2B1C%uFE0F %uD835%uDFCF%uD835%uDFD1%uD835%uDFCE presentados
%uD83D%uDFE5 %uD835%uDFD6%uD835%uDFD1 no prosperan
%uD83D%uDFE9 %uD835%uDFD1%uD835%uDFD3 aprobados
%uD83D%uDFE7 %uD835%uDFCF%uD835%uDFD0 en evaluación
18 expedientes se remiten al sistema de evaluación convencional. Lo explica @Moran_Fernandez pic.twitter.com/GuOxXXS9cE— Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) March 10, 2023
"Ustedes dirán lo que quieran pero es evidente que se han relajado controles y que se ha eliminado la participación ciudadana", agrega Rego.
Morán insiste: "No se han relajado las exigencias ambientales, sino un mecanismo de agilización de procedimientos temporales. Veo que hay confusión y me alegro de esta comparecencia".
El @mitecogob ha creado un marco jurídico que ha permitido ENTREGAR EL SECTOR de las renovables SIN LÍMITES a grandes empresas.
Eliminar las alegaciones ciudadanas hace CUESTIONABLE todo el procedimiento.
PEDIMOS VOLVER a la LEY 21/2013 de evaluación ambiental
Guitarte a Morán%uD83D%uDC47 pic.twitter.com/Wpnau11C7u— Teruel Existe (@TeruelExiste_) March 9, 2023
Defiende la "agilización de los procedimientos" por la avalancha de nuevos proyectos (años atrás eran entre 70 y 80 los que requerían una evaluación ambiental, ahora la cifra escaló a 300) y la escasez de recursos.
"Cada proyecto supera las mil página de evaluación ambiental. Se ha hecho un esfuerzo en recursos humanos. Y se ha contratado asistencia técnica. Si hay funcionarios que son especialmente rigurosos son los que están encargados de los procesos de evaluación ambiental por la posible judicialización, tanto por parte del promotor si es negativo como de los afectados a nivel territorial si es positiva. Confirmo que no hay un ápice de relajación", aclara el funcionario.
La presencia de Morán en la comisión sirve para conocer las cartas de las formaciones de derecha en este álgido debate. El PP, representado por el diputado César Sánchez Pérez, se muestra con poco interés a sacar algún rédito político: "Seguimos sin entender el motivo de la comparecencia. Nada dice de la inflación, del aumento de la cesta de la compra, del impacto que va a tener el impuesto al plástico. Viene a contarnos un decreto que ya sabemos. Queremos que responda a otros cuestiones".
Vox, en cambio, intenta acoplar su "negacionismo" al cambio climático a las críticas de las formaciones progresistas.
"La pérdida de equilibrio cuando el hombre deja de ver a su hogar como una patria a la que hay que cuidar se traduce en problemas desde el punto de vista medioambiental. Necesitamos iniciativas locales que cuidan el medioambiente frente a los planes globales", pide el diputado Ricardo Chamorro.
A juicio de la ultraderecha, la "implementación internacional de las renovables", amparada por "las nuevas directrices climáticas, el Pacto Verde y la ley de transición ecológica, choca con las realidades de las comunidades".
"Compartimos el rechazo en las zonas rurales ante todo este gigantismo fotovoltaico y eólico. Las entidades supranacionales hacen planificaciones sin tener en cuenta las realidades sociales locales. Estamos de acuerdo de que se quite burocracia. Lo llamativo es que se aplique en las renovable y no en el sector agrario y ganadero, arrinconado por la burocracia verde europea", concluye Chamorro.
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