El Gobierno anunció un impuesto a las grandes fortunas de la que pretende aumentar la recaudación en medio del estancamiento económico y produjo un movimiento de las grandes empresas a territorios con menos presión tributaria. 

 Sin embate, el año 2024 debería ser el inicio de un punto de inflexión con la entrada en vigor en la UE de la tributación mínima del 15%, una medida acordada por 138 países, aunque pendiente de implantar efectivamente en la mayoría. 

En este marco, desde el 1 de enero, los grupos multinacionales con actividad en alguno de los estados miembros y los nacionales con una cifra de negocio superior a 750 millones se verán afectados por la nueva directiva.

El anteproyecto contempla un impuesto complementario al de Sociedades que actuará en tres casos: cuando una gran empresa con actividad en España tribute menos del 15% de su resultado contable ajustado (calculado igual en toda la UE a partir de ahora); cuando la matrizde un grupo multinacional se sitúe en España y obtenga rentas de filiales en el extranjero que pagan menos del 15% y cuando alguna ubicada en España obtenga rentas en el exterior que no hayan sido gravadas al 15%. 

El anteproyecto contempla un impuesto complementario al de Sociedades que actuará en tres casos: cuando una gran empresa con actividad en España tribute menos del 15% de su resultado contable ajustado (calculado igual en toda la UE a partir de ahora); cuando la matrizde un grupo multinacional se sitúe en España y obtenga rentas de filiales en el extranjero que pagan menos del 15% y cuando alguna ubicada en España obtenga rentas en el exterior que no hayan sido gravadas al 15%

En el plano político, el anuncio de Pedro Sánchez coincide con el aumento del perfil de la flamante vicepresidenta primera, María Jesús Montero en reemplazo de Nadia Calviño y se especula con dos hipótesis: un freno al ascenso de Yolanda Díaz y un nombre fuerte para imaginar una sucesión de Sánchez.

Europa Press

Volviendo al proyecto, la aplicación del nuevo impuesto los denominados entes públicos, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y los instrumentos de inversión inmobiliaria.

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En segundo lugar y, a grandes rasgos, "no se exigirá" el impuesto temporalmente cuando la matriz última esté en los cinco primeros años de su actividad internacional y tampoco se exigirá hasta 2027 a los grupos que presenten una información "país por país admisible". Hay que tener en cuenta además que el pago del impuesto solo se efectuará si una empresa que opera en España tributa menos del 15% en otro país, de manera que el impacto de la norma está enormemente sujeto a lo que hagan el resto de países.

Por último, según pudo saber LPO, sin 830 grupos con actividad en España se pueden ver afectados de los cuales 113 grupos con matriz española, 10 exclusivamente nacionales que consolidan fiscalmente y 707 grupos con matriz extranjera y filiales en España.