El Gobierno está frente a su primer gran dilema de gestión en este nuevo ciclo político: cómo hacer para desarmar el escudo social vigente desde el inicio de la guerra en Ucrania, un paquete de medidas clave en el resultado del 23J, sin generar un repunte inflacionario en 2024. 

Pedro Sánchez ya comunicó a sus ministros que habrá una prórroga de este escudo por otros seis meses, aunque se ajustará el diseño debido a que urge un requilibrio fiscal tras año y medio de rebajas de impuestos en el mercado de la energía. 

Tanto el Banco de España como Funcas, dos de las principales fuentes de consulta de Moncloa en lo que respecta a proyecciones macroeconómicas, han advertido del impacto en el IPC (más de un punto porcentual) en caso de un desarme completo del escudo social.

Por eso, el Ejecutivo analiza mantener, aunque sean graduadas, las bajadas de impuestos que tienen una repercusión directa en el IPC como la disminución del IVA en la electricidad y en el gas. También se mantendrá un tope máximo al precio de la bombona y continuará la disminución del IVA de los alimentos básicos.

Principio de acuerdo entre Sánchez y Feijóo para destrabar la renovación del CGPJ: supervisará Bruselas 

Sánchez a involucrado a sus cuatro vicepresidentas en el armado del nuevo paquete de medidas. María Jesús Montero, Teresa Ribera, Nadia Calviño y Yolanda Díaz afinan los lápices para presentar una propuesta consensuada el miércoles en el último Consejo de Ministros del año.

 La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. 

Europa Press

Las discrepancias pasan, sobre todo, por un solo ítem: la bonificación al combustible de transportistas y agricultores, que tiene hoy un coste altísimo, de 1.600 millones de euros.  Se trata de una ayuda que se fue recortando progresivamente y que hoy está fijada en cinco céntimos por litro de carburante.  

El Gobierno sumará nueve paquetes con medidas para contrarrestar los efectos de la crisis de precios. Sánchez sabe que se trata de un activo electoral clave y no quiere que al crispado humor social por la amnistía se sume un malestar por una posible pérdida de poder adquisitivo 

Sumar presiona para mantener la bonificación, pero Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, lo descarta de plano. Otra de las justificaciones para el tijeretazo es que Europa exige "retirar estímulos extraordinarios" para, justamente, apuntar la fiscalidad. 

 Los socialistas se acogen al objetivo de reducir el déficit al 3%. La meta es imposible con la actual erogación estatal en este paquete anticrisis: la última prórroga del decreto movilizó un total de 3.800 millones de euros en este segundo semestre del año.

Sánchez tras la reunión con Aragonès: "Si los independentistas solo hablan de referéndum, es muy difícil avanzar"

Por tal motivo, las medidas sin coste fiscal tienen más probabilidades de seguir vigentes en 2024, como los procedimientos antidesahucio que se perfilaron durante la pandemia para aquellas familias que acrediten condiciones económicas vulnerables y que no tienen posibilidad de encontrar otra vivienda. O la prohibición de despedir por causa de la guerra y la crisis energética a las empresas que se han acogido a ayudas directas o un ERTE.

Sea cual sea el decreto definitivo, el Gobierno sumará nueve paquetes con medidas para contrarrestar los efectos de la crisis de precios. Sánchez sabe que se trata de un activo electoral clave y no quiere que al crispado humor social por la amnistía se sume un malestar por una posible pérdida de poder adquisitivo.