La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dictaminó a favor de Argentina en el juicio por el cupón vinculado al PBI, a partir de la demanda de un grupo de fondos de inversión de Estados Unidos. Como antecedente los demandantes obtuvieron un fallo favorable en los tribunales británicos.

Con este fallo, el Estado argentino evita el pago de USD 1.400 millones a frente a los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros conocidos como "fondos buitre".

La historia se remonta a la primera reestructuración de deuda soberana del gobierno de Nestor Kirchner diseñada por el entonces Ministro de Economía Roberto Lavagna en el 2005 . En ese momento, como incentivo a los bonistas, se ofreció un pago extra en caso de que Argentina superara el 3.5% de crecimiento.

En el 2014 el gobierno de Cristina Kirchner determinó que el crecimiento de la actividad económica de Argentina no se reflejaba en los indicadores oficiales y modificó el año base del cálculo económico, pasando del año 1993 al 2004. Con la nueva base comparativa, se evitó que el gobierno argentino gatillara más de USD 3.000 millones correspondientes al cupón PBI.

A pesar de esto, los tenedores de estos bonos en el extranjero presentaron demandas que están en proceso de resolución.

El experto Sebastián Maril CEO de Latam Advisor explicó en redes sociales que "en el fallo de Preska no habló en absoluto del INDEC, ni habló sobre la posible mala fe de Argentina de cambiar la fórmula con la cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013" afirmó este especialista que agregó "Preska le dedicó un solo párrafo a este tema del INDEC, diciendo que este juicio no se trata sobre el organismo y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI".

La demanda contra el Estado argentino no se limita solo a los tribunales de Estados Unidos. También ha enfrentado acciones legales en tribunales británicos, donde fue Argentina recibió una sentencia firme.

En respuesta a esta condena, el gobierno de Javier Milei decidió apelar la decisión y estableció la semana pasada un fideicomiso de USD 337 millones como garantía para continuar el proceso judicial.