En estos momentos de pandemia donde el coronavirus (SARS COVID-2) avanza de una manera silenciosa en todo el mundo, la actual administración de gobierno estableció mediante distintos DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) el "Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio". Los últimos acontecimientos hacen parecer que esas directivas son una realidad ajena a muchos de sus funcionarios.

Tuvimos una administración de gobierno que repetía constantemente que teníamos el "mejor equipo de los últimos 50 años" y ahora estamos frente a un gobierno de "científicos, no de CEOs". Lo sucedido este viernes lejos esta de un gobierno de "científicos" todo lo contrario, nació el gobierno del eslógan y frases grandilocuentes, donde los funcionarios han demostrado desconocer las dinámicas, conductas y conformación básica de la comunidad que deben administrar.

La producción normativa de emergencia trasluce las mejores intenciones, pero en ese alejamiento y desconocimiento de la sociedad se olvidaron de los derechos humanos de nuestros adultos mayores, personas de edad avanzada y grupo de riesgo directo del Covid-19, que el viernes fueron despreciados y humillados por el Estado, olvidando esa palabras que bien nos enseñó el Papa Francisco cuando expresó: "Un pueblo que no custodia a los abuelos y no los trata bien no tiene futuro: pierde la memoria, y se desarraiga de sus propias raíces".

La condición de "vulnerabilidad" fue muy bien definida en las Reglas Básicas de Acceso a la Justicia, donde se expresa que: "Se considera condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razones de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales" y las causas son definidas por "la edad, la discapacidad", para concluir que "el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a su capacidad funcional, para ejercitar sus derechos". 

En esta línea argumental, no es momento de buscar culpas donde no las hay, pero los funcionarios deben asumir su responsabilidad y entender que, por su propia torpeza e impericia rompieron con el "aislamiento" de un sector "vulnerable" y pusieron en riesgo a un gran segmento de la sociedad.

La filósofa francesa Simone de Beauvoir sostenía que "los negros pelean contra la opresión y la mujer lucha por conquistar la igualdad; en cambio los viejos no tienen ningún arma, su problema es de los adultos activos que deciden acerca del papel que conviene conferir a los ancianos, según su propio interés práctico o ideológico". Aquí tal vez está el centro del debate sobre este tema, ¿quién fue el "adulto activo" que toma esta terrible decisión? y, ¿exponer la "vida" y la "salubridad pública" de toda la sociedad?

No se trata únicamente de poner "dinero en el bolsillo" de la gente, se trata de tomar medidas parciales e integrales que contemplen el cuidado de la salud de TODA la sociedad. La razón indica que es necesario aplicar en algunos momentos el sentido común, concepto obvio pero no menos útil, y así las reglas y medidas asumidas por nuestros funcionarios tendrán como consecuencia natural un Estado capaz de "promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores". No es tan difícil.