El diputado del PRO Francisco Sánchez ratificó su idea de aplicar una pena de muerte por delitos de corrupción, como los que se le acusan a Cristina Kirchner, pero prometió no presentar un proyecto de ley ni volver a hablar del tema, tras un pedido por carta del jefe del oficialismo Germán Martínez.

La misiva le llegó a la presidenta del PRO Patricia Bullrich y al jefe del partido en diputado, Cristian Ritondo, quien en un comunicado aclaró que su bloque no avala la pena capital y que en tal caso Sánchez habló por las suyas. La ex ministra no se pronunció. 

El diputado, que trabaja para la candidatura presidencial de Bullrich, tiene presentado un proyecto de ley para aplicar la pena de muerte en casos de violación y cuando se conoció el pedido de prisión a Cristina por parte del fiscal Diego Luciani, consideró en un tuit que debería caberle esa sanción. 

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En declaraciones radiales este martes ratificó sus dichos. "12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria", insistió.

Ritondo aclaró que no es una idea de su bloque. "Desde el Pro consideramos a la pena de muerte una propuesta inconstitucional y completamente ajena a nuestros valores. En nuestra fuerza política respetamos las opiniones individuales y a título personal de nuestros legisladores, es por ello que le hemos solicitado al diputado que aclare sus dichos".

Sánchez tiene un proyecto presentado para aplicar pena de muerte a violadores y quería ampliarlo a casos de corrupción. Ratificó su derecho a proponerlo, pero prometió no volver a hablar del tema. 

Luego habló con Sánchez y consiguió que enviara una carta, en la que reconoció que la pena de muerte es anticonstitucional pero que ratificó su derecho a querer modificar la carta magna, "tal como por ejemplo también lo ha considerado la vicepresidente de la Nación al plantear una modificación al status autonómico de la Ciudad Autónoma de Buenos".

También justificó sus dichos con las atribuciones que le asigna el artículo 68 de la Constitución Nacional, para de ese modo protegerse de un intento de expulsión que planeaba para la próxima sesión el Frente de Todos.

Pero en el final de su carta se comprometió o no hablar más de la pena de muerte. "Teniendo en cuenta la gravedad de la situación social en Argentina, derivada de la crisis económica y de los permanentes agravios a las instituciones republicanas, considero atendible el pedido de evitar la continuidad de manifestaciones que puedan afectar la sensibilidad de personas individuales o colectivas, por lo que desistiré de impulsar un proyecto de estas características", concluyó.