El kirchnerismo citó al fiscal Carlos Stornelli a la Comisión de Juicio Político de Diputados que debate la acusación a los cuatro jueces de la Corte Suprema, para explicar el dictamen que solicitó archivar la causa contra el vocero del máximo tribunal Silvio Robles por sus supuestos chats con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. 

El fiscal consideró que las conversiones se obtuvieron a través de un espionaje ilegal y no pueden ser tomadas como prueba. Su dictamen fue aceptado el 19 de enero por el juez Sebastián Ramos para emitir un fallo a mediados de enero, que este jueves se negó a detallar ante la Comisión. 

"No puedo modificar ningún concepto expresado en esa resolución. Puede afectar el derecho del juicio", repitió una y otra vez, ante la insistencia de los diputados del Frente de Todos. Molestos, aplicaron su mayoría para citar a Stornelli la semana que viene. "Queremos saber su concepto de filtración", anticipó el jefe Germán Martínez. Ramos no había querido especificarlo.

También declaró el juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla, de La Plata, que le giró a Ramos una causa por el mismo tema iniciada a partir de una denuncia del gobernador Axel Kicillof. 

El ex juez de Dolores consideró ante los diputados que no hubo inteligencia ilegal en la filtración de chats, que para el oficialismo son prueba suficiente de connivencia entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Corte Horacio Rosatti. Por lo tanto, entienden que invalidan la cautelar a favor de la Ciudad por la coparticipación federal. 

"Para que se dé la cita que hace Stornelli sobre espionaje ilegal, en función de la ley 25.520, es necesario que intervenga el Estado, como aquellas escuchas que hizo la AFI a los presos de Ezieza", dijo Ramos Padilla en referencia a las causas que en 2019 impulsaron el propio Stornelli y las diputadas de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Oliveto. 

Alejo Ramos Padilla

LPO / Juan Carlos Casas.

"No era una escucha ilegal", reprochó el lilito Juan López. "La había pedido el juez Villena para el narco Mario Segovia. Pero no para escuchar a Amado Boudou, Juan Pablo Schiavi, Julio De Vido y otros presos políticos", respondió. Ante una consulta de la radical Karina Banfi, aclaró que quiso decir "políticos presos".

 "Hubo en la Argentina procedimientos irregulares como la causa de Héctor Timerman con pericias truchas y estrategias para reflotar esa causa, y el Triple Crimen de General Rodríguez, para acusar falsamente al ministro Aníbal Fernández", recordó el ex juez de Dolores

Ramos, su colega, no dio el brazo a torcer. Ante consultas del kirchnerista Rodolfo Tailhade insistió en que no está autorizado a analizar la prueba del fiscal Stornelli, sino el contenido de su dictamen, que tomó como válido para su fallo. "Yo no puedo debatir con él", se excusó. Además, aseguró no haber recibido las causas contra Robles iniciadas en La Rioja y Santiago del Estero.

El juez Ramos archivó la causa por los chats de Robles y D'Alessandro, a partir de un pedido del fiscal Stornelli que consideró que las pruebas se habían obtenido con un espionaje ilegal. Para Ramos Padilla no es posible, porque al no intervenir el Estado no hay tareas de inteligencia paralela. El fiscal fue citado para aclarar. 

Ramos sí le respondió a la oficialista Carolina Gaillard, presidenta de la comisión, sobre la urgencia que tuvo en abrir la feria judicial para tratar la causa sobre Robles en un juzgado que subrogaba, porque la titular es María Eugenia Capuchetti. "La denuncia finaliza con el secuestro de un teléfono. En la acordada de la Cámara vigente, se entiende como parte del servicio mínimo de justicia", se excusó el juez. "¿Pero para dictar el archivo urgente?", consultó la entrerriana. "Sí, absolutamente", respondió. 

El massista Ramiro Gutiérrez fue el que más lo hizo transpirar. "¿Qué se entiende por una filtración?", consultó una y otra vez. "Me está preguntando por un concepto por el que ya me expresé", se molestó el juez. "O sea que no puede responder qué es una filtración", se indignó el diputado, después de reformular la pregunta dos veces. Deberá responderla Stornelli.

Gutiérrez siguió su interrogatorio. "¿Cuál es la motivación que tuvo para investigar el hecho? ¿Cuál es el hecho que investiga?", lo interrogó. "El hecho está en la propia resolución y no me voy a mover, ni aclarar, ni sumar ningún detalle", se defendió Ramos.  

El diputado recordó que la causa no fue abierta por una denuncia de quienes supuestamente están damnificados por el espionaje ilegal. Y quiso saber si alguien se había presentado para pedir la protección de sus datos personales. "Ya me lo preguntó Tailhade y dije que no", reiteró. La denuncia no se había iniciado por Robles y D'Alessandro, sino por el abogado Gastón Marano.

El oficialismo festejó esa confesión. "Está claro que no quisieron presentarse en la justicia porque tenían que reconocer que los chats eran suyos", decían, antes de definir la citación de Stornelli. 

LPO Juan Carlos Casas

Ramos Padilla mantuvo un duelo con JxC, que empezó cuando López le preguntó si conocía al presidente y la vice. "Es buena la consulta, ahora que sabemos de visitas de jueces a Olivos. Al presidente nunca la vi y a la vice la vi dos o tres veces pero no me debe haber registrado. La primera fue en el velorio de (el ex diputado socialista) Alfredo Bravo en 2003", recordó

A diferencia de Ramos, sostuvo que el hecho que se investigó en la causa fue el fallo por la coparticipación que favoreció a Larreta y las conversaciones, filtradas o no, son "indicio o prueba" y no alcanzan para eliminar la acción. "El primero que denuncia la irregularidad es (el juez de la Corte) Lorenzetti. Con su propio voto", chicaneó. 

Y opinó que no es justificable abrir la feria judicial para archivar la causa, como hizo Ramos. "Es muy poco común", ironizó. Tuvo varias citas a la causa de espionaje ilegal por la que en 2019 detuvo al abogado Marcelo D'Alessio, cuando actuaba en Dolores.  "Estaría bueno que la Corte ponga limites claros sobre las escuchas, porque a veces se usa en las causas y a veces, no se usa", exigió. 

La comisión se realizó en el anexo de Diputados y al inicio Gaillard confirmó que el registro de llamadas entre Robles y D'Alessandro se pedirá sólo si hay autorización judicial. De todos modos, sólo puede entregarlo la Dirección de Escuchas, la  Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen (Dajudeco), que depende de la Corte.

La próxima reunión será el martes 7 de marzo, porque antes se van a librar las notificaciones a invitados y los oficios para acumular pruebas. El próximo jueves habrá un tenso encuentro de los asesores para definir un orden de trabajo. Será un proceso largo.