Con un día de antelación, la diputada kirchnerista Marisa Uceda convocó a una reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar la ley de moratoria previsional aprobada en el Senado, con el plan de acelerar el tratamiento y sancionarla cuanto antes.

En el Congreso está previsto un receso de los empleados de las últimas dos semanas del año y no será fácil sesionar antes. La moratoria actual vence el 23 y la norma que la reemplace debería sancionarse antes, pero sino habrá algunos días sin ninguna vigente.

En Diputados la esperanza para llegar a una mayoría es la ayuda de los 11 del interbloque federal, que integran 3 cordobeses cercanos al gobernador Juan Schiaretti. Su esposa y senadora Alejandra Vigo votó a favor.

Una buena señal la dio en la reunión Natalia De la Sota, una de las diputadas de Córdoba Federal, salió al cruce de la radical de su provincia Adriana Ruarte, quien cuestionó la convocatoria y pidió invitar a los abogados previsionales de su provincia. 

Se aprobó la moratoria previsional en el Senado con ayuda de Schiaretti 

De la Sota dijo haberse comunicado con la entidad citada por Ruarte y aclaró que no compartían las opiniones contrarias a la ley. Más duro fue el chaqueño del oficialismo Juan Pedrini. "No sé de quien habla. Seguro de abogados que quieren cobrar comisiones", la cuestionó. 

Juntos por el Cambio no acompañará y volverá a dividirse: la UCR presentará un dictamen propio, con un plan de moratoria que contemple un haber por el tiempo aportado. El PRO está en contra y no quiere moratoria.

En el Senado la moratoria se aprobó con el voto de la cordobesa Vigo. En el primer debate en comisión de Diputados la defendió Natalia de la Sota. Con los votos de su interbloque alcanza para la sanción.

La ley fue presentada por los kirchneristas Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde y consiste en completar el pago pleno de los aportes previsionales pendientes hasta 2008 mediante un plan de hasta 120 cuotas con montos equivalentes al componente previsional sobre los salarios mínimos.

Además, se permite hacer los aportes jubilatorios a quienes tengan entre 50 y 60 años de edad y registren deudas, para llegar a la edad de retiro sin mora. El costo fiscal estimado es de 0,02% del PIB. No es tanto, porque quienes no cobran jubilación perciben una pensión del 80% de la jubilación mínima. 

El primer debate en Diputados tuvo a especialistas y funcionarios como el Director General de Planeamiento de la ANSES, Ignacio Amigorena, quien consideró una "la responsabilidad social e histórica del proyecto para dar respuestas a la dificultad de acceso a la jubilación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)".

Fotografía HCDN

 Amigorena estimó que el Plan de pago de deuda provisional "pueda incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60 por ciento son mujeres".

La previsionalista Adriana Micale destacó que "a diferencia de planes previsionales anteriores, este contempla un pago que no tiene un instrumento de cuotas fijas, sino que, por el contrario, prevé la incorporación del pago de periodos no aportados, que en muchos casos se deben a situaciones de precarización y desempleo".

Rafael Rofman,  director del Programa de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), señaló que el proyecto "enfrenta un problema estructural de la Argentina, porque el sistema previsional contributivo estuvo pensado para un sistema definido mayormente por el trabajo formal". 

Rofman hizo un llamado a pensar la iniciativa "como el inicio de una discusión seria sobre cómo se construye un sistema previsional de largo plazo, que tenga buena cobertura, buenos beneficios, que sea sostenible y que sea equitativo".