La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una ley para prorrogar el registro de los barrios populares por dos años, con 10 años de prohibición para desalojos. Tuvo respaldo de todas las fuerzas, por lo que no tendrá inconvenientes en ser sancionado en el Senado.

Se trata de un sistema creado por ley en 2016, que consiste en el revelamiento de los barrios populares para su declaración de utilidad pública. Ya hay registrados 4.400 hasta 2018 y con esta ley se llegará a 5.687.

En el PRO la recuerdan como una de las pocas leyes de la gestión Macri que votó el kirchnerismo, por entonces representado en el Frente para la Victoria.

El ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) será financiado con un fideicomiso que captará dinero de orígenes diversos (desde préstamos, aportes del tesoro a donaciones) y Juntos por el Cambio exigió dedicar en un 75% a la urbanización y sólo el resto al plan mi pieza, que permite mejoras en cada unidad habitacional.

"Se trata de generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado", explicó el diputado Lucas Godoy.

"Es un problema que tiene 12 años y que el Estado argentino se ocupó tardíamente. Esperamos que los sectores populares puedan cumplir una manda constitucional y para generar mercados transparentes donde hay oscuros", sostuvo el radical Fabio Quetglas.

La ley fue seguida en el recinto por Fernanda Miño secretaria del Estado Nacional y presidenta del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) será financiado con un fideicomiso, que Juntos por el Cambio exigió dedicar en un 75% a la urbanización y sólo el resto al plan mi pieza, que permite mejoras en cada unidad habitacional.

"La actualización de la ley es un paso fundamental para consolidar la política que se está llevando a la transformación de los barrios populares, llegando con obras y con el programa mi pieza", sostuvo Miño.

Hubo 227 votos afirmativos y sólo pulsaron el botó rojo Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad). Hubo tres abstenciones de Juntos por el Cambio: Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

Silvia Lospennato, del PRO, artífice de la ley sancionada en 2016, remarcó la necesidad de una política de Estado. "Vamos a necesitar al menos 20 años. Implica que muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando".

El oficialismo cerró el debate con dos diputados que residen en barrios populares, como Federico Fagioli y Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande, identificado con Juan Grabois.

"Se lo que es empezar viviendo en una casa de nylon, después de machimbre con cartón, y hoy por suerte tengo la posibilidad de vivir en mejores condiciones porque mi barrio fue progresando".

Zaracho recordó que cuando asumió de diputada en diciembre sus vecinos creían que se mudaría, pero aún vive en un barrio popular relevado por el Renabap.

Se ganó los aplausos del recinto cuando mostró el registro de su casa. "Sin esto no se pude tener ni documento de identidad", explicó.

"Tenemos muchas diferencias políticas, pero cuando ponemos por delante el sufrimiento el pueblo salen cosas importantes y podemos trabajar en cosas concretas", destacó Zaracho y mostró fotos de cooperativas de trabajo de beneficiarios de planes sociales. "Me peleo hasta con compañeros cuando escucho que hay que cambiar planes sociales por trabajo".