La Cámara de Senadores sesiona desde este mediodía con un temario de consenso tras una inactividad de casi cinco meses y el retorno de Cristina Kirchner, quien había presidido su última sesión el 1 de septiembre, cuando al volver a su casa sufrió un fallido intento de magnicidio. 

La vice abrió la sesión y luego de escuchar cuestiones de privilegio (un recurso de los senadores para responder a ofensas)le cedió el lugar a  Claudia Ledesma, volvió a su despacho y no se quedó para el primer tema, que fue la aprobación de pliegos para jueces en Córdoba y Santa Fe. 

Los tres jueces de Santa Fe eran reclamados por la oposición porque son los que intervienen en casos de narcotráfico, que azotan esa provincia. Se dictaminaron el 15 de septiembre, pero nunca habían llegado al recinto. 

Se trata de Gastón Salmán para ocupar el juzgado de primera instancia de Rosario y los jueces de cámara ante el tribunal oral criminal 2 de Rosario Elena Beatriz Dilario y Eduardo Rodríguez Da Cruz. 

El Senado sesiona después de cinco meses y votarían los jueces para Santa Fe

El nuevo bloque, Unidad Federal, dejó su marca al conseguir que se aprueben los pliegos de conjueces a Ernesto Cano ante los tribunales en lo criminal de Córdoba y el de Mariano Longarini en el juzgado federal de primera instancia de la Cámara de Apelaciones.

También se avaló el pliego de Gustavo Montesi parar el juzgado de primera instancia de San Francisco y de Ana Blanco a cargo de la defensoría 2 de Córdoba ante los tribunales orales. Fue clave la presión de la senadora Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, y parte de la nueva bancada junto a 4 ex oficialistas. 

En el Frente de Todos tiraron la bronca porque hay decenas de pliegos cajoneados para otras provincias que la oposición no quiere tratar. "Hay vacantes a cubrir para en Salta, Chubut, Buenos Aires, Capital Federal y Entre Ríos", reclamó Anabel Fernández Sagasti, la oficialista que preside la comisión de Acuerdos. 

Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO. 

LPO / Juan Carlos Casas.

Contó que está pendiente una defensoría de Tartagal que trata cuestiones de trata y narcotráfico y un juzgado en concepción del Uruguay, que suele tramitar casos de lavado de activos. También el fiscal general de Comodoro Rivadavia, que actúa en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

La oposición acusó al oficialismo de cajonear los pliegos y reaccionar recién cuando fue atacado el supermercado del suegro de Lionel Messi. 

"Hace 216 días que fueron dictaminados, junto a los del Juzgado de Piedrabuena, en Santa Cruz, que a los 60 días fueron incluidos en una sesión porque había un pariente de Máximo Kirchner. El presidente los sumó en extraordinarias y no los trataron. El problema es que les explotó el tema en la cara", reprochó Guadalupe Tagliaferri, del PRO, que es vice de la Comisión de Acuerdos.

Fernández Sagasti respondió: "La voluntad siempre estuvo. Hubo dos sesiones después de los dictámenes: en octubre nos pidieron excluir todos los pliegos judiciales y en noviembre se votaba el presupuesto y una resolución sobre el Consejo de Magistratura y se fueron. Luego intentamos hacer una sesión el 22 de diciembre y otra el 23 de febrero y no quisieron".

"Nos dijeron que sólo sesionarían si se suspendía el juicio a la Corte Suprema. Después se acotaron y pidieron votar los pliegos de Santa Fe. Y cuando acordaron con el bloque se escindió del nuestro (Unidad Federal) sumaron Córdoba. Les pido que tengan sensibilidad de pensar que hay otras provincia que también necesitan justicia", se molestó la mendocina.

Se sancionará también el nuevo organigrama para la justicia federal, que aumenta los juzgados y privilegia el rol de las fiscalías en la investigación. Para su implementación, la oposición reclama que se aplique el Código Procesal Penal, sancionado en 2014 y paralizado porque no funciona una bicameral a cargo de definir su aplicación. 

La sesión tiene otros temas de consenso cómo la ley de enfermería, la de prevención de violencias infantil, la reducción de ganancias para guardias médicas, el certificado de discapacidad permanente y el reconocimiento de lengua de señas.