Se acelera el relato anti México en la política de EU y López Obrador cada vez más presionado para extraditar a Ovidio
La incursión de este lunes de Ken Salazar a Palacio Nacional tuvo pasajes de alta densidad pero una idea fuerza que por estas horas motiva debates e intercambios en la cúpula: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe extraditar cuanto antes a Ovidio Guzmán para que sea juzgado en Estados Unidos.
Según revelaron a LPO fuentes al tanto de lo conversado en el Palacio Nacional, el embajador explicó las diversas ventajas de esto, fundamentalmente la de acallar la intensa campaña anti México que por estos días recorre la política del país vecino.
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Una cadena de hechos y dichos que se conectan: las palabras de la directora de la DEA, Anne Milgram, ante legisladores de su país y el énfasis en que México no hace lo suficiente contra el narcotráfico, el editorial del ex procurador republicano William Barr en The Wall Street Journal donde tilda a López Obrador de supuesto colaboracionista con el crimen organizado y, en las últimas horas, la trifulca en redes sociales entre Ricardo Monreal y el congresista de Texas, Dan Crenshaw, un ex militar que insinuó que el presidente mexicano está de parte de los cárteles de la droga. A todo esto se agregan las advertencias del Departamento de Estado sobre las reformas al Instituto Nacional Electoral (INE).
Y es que no son mundos separados. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan cree que el modelo venezolano no es tanto el socialismo bolivariano sino una trifecta entre el narco, los militares y el gobierno de corte autoritario que se erige sobre la mayor reserva de crudo del planeta. La clase política de Estados Unidos comienza a dibujar un calco entre Venezuela y México. Y de ahí las declaraciones arrebatadas de los últimos días.
Esto no es novedoso: la debacle de los cárteles colombianos en los 80 y los 90 comenzó cuando empezaron a jugar fuerte en la política doméstica del país sudamericano. El Plan Colombia es la réplica a esa fenómeno histórico.
Ovidio se está convirtiendo en una trampa para el Gobierno, un estado de elucubración que se traduce en las constantes dilaciones que enfrenta su extradición. Tiene lógica. Basta con visualizar que sucedería si Genaro García Luna aceptara ser testigo colaborador contra el hijo del Chapo Guzmán en una corte del país vecino. Y si a eso se sumara el posible escenario de que Ovidio colabore con información para reducir su segura condena. No es demasiado difícil entender qué funcionarios serán los primeros señalados.
La jefa de la DEA, Anne Milgram.
Por otra parte, hay sectores del staff de seguridad del presidente mexicano que auguran que cuando Ovidio sea extraditado puede haber una ola de violencia en diversos puntos del país que pondrán en jaque la gobernabilidad y hasta tal vez el tránsito de la sucesión presidencial.
Un general mexicano suele decir que cuando EU arrestó a Salvador Cienfuegos en California en 2020 lo que se pretendía en el país vecino era realizar un juicio contra México y su estado de derecho. López Obrador negoció la liberación del ex titular de la Sedena pero al tiempo quien cayó fue García Luna. Y así Washington tuvo el juicio que quería contra los mecanismos vidriosos de la lucha antidrogas en México.
Ese proceso es el punto de partida de la retórica actual, ahora más enardecida por la curiosa desaparición de cuatro ciudadanos de Estados Unidos en Tamaulipas. Es bastante simple pronósticar qué sucederá si ese supuesto secuestro tuviera el más oscuro de los finales.