En medio de una extrema tensión por las protestas policiales y los saqueos, los gobernadores siguen exprimiendo las debilitadas economías provinciales para alcanzar acuerdos con los uniformados y tratar de frenar la escalada de violencia, que ya se ha cobrado varias víctimas fatales.

A último hora de anoche, cuatro gobernadores firmaron acuerdos salariales y desactivaron las protestas. Después de varias idas y vueltas, el entrerriano Sergio Urribarri logró firmar el acta-acuerdo con los efectivos de Concordia -el epicentro de la protesta en esa provincia- y los policías volvieron al trabajo.

La oferta final del gobernador de Entre Ríos fue un sueldo inicial de 8.434 pesos para los agentes sin antigüedad. Además, la administración se comprometió a convocar a negociaciones paritarias y a no sancionar a los agentes que desde el domingo mantenían tomada la Jefatura Departamental de Concordia, ciudad donde hubo un muerto en saqueos.

Una de las situaciones más dramáticas del país se vive en Chaco, donde ayer hubo cuatro muertos -uno de ellos un policía- por los saqueos en Resistencia. La protesta policial se desató el fin de semana, justo cuando el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, visitaba su provincia y se reunía con el gobernador interino, Juan Carlos Bacilleff Ivanoff.

La caótica situación en la capital provincial obligó al gobierno nacional al envío de 120 gendarmes durante la madrugada. Pero casi al mismo tiempo, los policías chaqueños comenzaron a restablecer el servicio luego de firmar un acta-acuerdo con el gobierno provincial que eleva a 8 mil pesos el salario inicial. También se les prometió que no habrá sanciones.

Donde también se produjeron graves incidentes fue en Jujuy, donde hubo al menos hubo una víctima fatal y al menos 80 detenidos. Finalmente, anoche el gobierno de Eduardo Fellner -que días atrás había dicho que no tenía fondos para pagar los aguinaldos- pactó con los policías un suba que lleva los salarios mínimos a 8.500 pesos.

Finalmente, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, se adelantó a un conflicto a punto de estallar y acordó con policías y agentes penitenciarios un aumento salarial de 35%, elevando a 8.200 pesos los sueldos para los uniformados que recién ingresan.

Fuentes oficiales indicaron que la suba representa 2 mil pesos de incremento y contempla el "blanqueo" de 450 pesos en el sueldo básico –en tres etapas-, lo que alcanza a jubilados y pensionados de las dos fuerzas. Además, se agilizará el pago de deudas a pensionados y de horas extras a los activos.

Closs blanqueó la delicada situación económica que atraviesan él y sus colegas, y los problemas que deberán afrontar con estas erogaciones. "Hablé con muchos gobernadores y no tenemos la plata, pero la presión obliga. La situación es compleja, en el país es compleja", admitió.

"Vamos a tener que ampliar nuestra base tributaria. No hay otra posibilidad. El Estado va a tener que disminuir notablemente su ritmo de obra pública y muchas de las obras planificadas las vamos a tener que discontinuar definitivamente, porque no vamos a tener los recursos y, en eso, la sociedad nos va tener que entender", explicó el misionero, que habló de “una situación de inviabilidad”.