El Gobernador bonaerense decidió firmar el acta administrativa con la oferta realizada al mediodía y cerró el diálogo con los efectivos de infantería que reclamaban desde ayer mejoras salariales.

Sin embargo, un sector de la policía rechaza de plano la propuesta de $ 8.570 y amenazan con mantener la rebelión. Se trata de un sector de la fuerza que mantiene desde ayer una posición más dura respecto a las negociaciones.

Las negociaciones duraron todo el día. Mientras Daniel Scioli mantenía una postura y un discurso inflexible, el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, era quien mantenía activos los canales de diálogos.

El titular de esa cartera mantuvo durante toda la tarde reuniones con representantes de los efectivos rebeldes. Su oferta a los policías iba más allá del aumento planteado por Scioli. El jueves de esta semana tendrán depositado tres meses de retroactivo de la vestimenta que ahora ascenderá a 870 pesos. A eso se suma el aguinaldo.

Pero además, el primero de enero cobrarán un sueldo mínimo de 9.000 pesos de bolsillo sin contabilizar las horas Cores (extras). En tanto, a partir de enero los 870 destinados al uniforma se elevan a 1.200 y, a partir de marzo, tendrán el mismo aumento que consigan los docentes (una suba que ronda el 20%).

Esa oferta dividió a los más de mil efectivos apostados desde ayer en La Plata, en las escalinatas del registro de las personas, a metros de los cuarteles de Infantería y Caballería.

Allí, los efectivos en actividad se mostraron más proclives a aceptar los beneficios de la nueva propuesta. Pero otro sector, de policías inactivos tomaron posturas más duras y lograron rechazar la propuesta.

Ante la negativa de la asamblea, alrededor de las 17, los negociadores volvieron a sentarse con Granados, pero no hubo cambios en la propuesta. Por entonces, como adelantó LPO, el gobierno provincial -a través del Jefe de Gabinete, Alberto Pérez- anunciaba que se firmaría el acta que fijaba el aumento comunicado por Scioli y se ponía fin a la negociación.

Con esas noticias regresaron los emisarios a la asamblea rebelde, pero los más duros volvieron a rechazar la propuesta. Las posturas quedaron divididas y hasta hubo momentos de extrema tensión. A los inactivos que se negaban a aceptar la suba se sumaron efectivos del Servicio Penitenciario.

De forma alguna, ese quiebre de posturas era la estrategia del gobierno provincial para torcer la protesta. También se sumaba a esa táctica el concejal de Lanús y ex subjefe de La Bonaerense, Salvador Baratta, quien lidera el Sindicato de Policías y Penitenciarios (SinPoPe) y mantuvo contactos con Granados para destrabar el conflicto. En diálogo con LPO, Baratta se mostró proclive a llegar a un acuerdo con los activos y abrir un canal de diálogo con los inactivos más adelante.