Los resultados de las elecciones primarias (PASO) parecieran haber encendido una luz de alarma entre los máximos funcionarios del Gobierno nacional que se vieron obligados a otorgar una serie de concesiones casi inéditas en diez años de kirchnerismo.

Primero fue el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien aseguró que la inseguridad era un problema real. Luego, se sumó a la lista el candidato, Martín Insaurralde, al admitir que la inflación real es más alta de la que difunde el INDEC.

Y ahora se subió al tren de las concesiones el hombre menos pensado: se trata nada menos que del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien tuvo que reconocer -aunque en privado- el fracaso de la política triguera.

Todo ocurrió en el marco del conflicto que atraviesa el Molino Lagomarsino S.A. cuyos empleados mantienen bloqueada la planta que la firma posee en la localidad bonaerense de Navarro ante el inminente cierre por falta de rentabilidad.

“Fuimos a pedirle a Moreno que habilite las importaciones de trigo para poder seguir trabajando. Nos respondió que ni en pedo porque Clarín lo iba a matar y reconoció que se equivocaron con el trigo”, contó a LPO Sebastián Barraza, delegado de Lagomarsino.

“Nos reunimos con Moreno en tres oportunidades y nos ofreció un préstamo para que la empresa siga operando. Pero los dueños dicen que no tienen fondos para pagarlo, lo cual para nosotros no es cierto porque sí hay plata para despedir gente”, agregó Barraza.

De esta manera, los empleados del Molino Lagomarsino tienen pensado profundizar las medidas de fuerza hasta que la empresa de marcha atrás con los 30 despidos, las 58 suspensiones y abone los dos meses de sueldos adeudados.

La crisis de los molinos

La necesidad de los molinos de importar trigo es cada vez más grande ante la escasez y los altos precios presentes en el mercado local. De hecho, en junio Lagomarsino tenía cerrada la importación de 25.000 toneladas, pero Moreno dio de baja la operación.

En este contexto, y ante la muy floja cosecha de trigo, actualmente la bolsa de 50 kilos de harina “000” se consigue a un precio de $ 290, al tiempo que en abril pasado se pagaba $ 175 (por esto se explica el valor del kilo de pan entre $ 16 y $ 20).

Así las cosas, la industria molinera está atravesando una grave crisis financiera a partir del fin del viejo sistema de compensaciones. Para tener una idea, de 2007 a 2011, los molinos recibieron subsidios del Gobierno por más de $ 3771 millones.

De esta forma, la molinería fue por amplio margen el sector de la agroindustria que más subsidios recibió por parte del Gobierno nacional desde que se implementó el sistema de compensaciones, seguidos, de lejos, por los feed lots y la industria avícola.

El tema es que al desmantelarse el complejo sistema de compensaciones, el Estado quedó adeudando a esta industria alrededor de $ 2000 millones en concepto de viejas operaciones de venta de harina al mercado doméstico.

Los que entienden del tema señalan que esta deuda es el motivo por el cual las empresas nucleadas en la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) continúan teniendo una muy buena relación con Moreno, que prometió, algún día, pagarles.

Lo concreto es que el período de gracia de la industria molienera pareciera haberse terminado. Sin subsidios directos e indirectos (por la intervención del mercado triguero) terminaron convirtiéndose en una industria deficitaria y ultra-dependiente del Gobierno.