“La harina no para de aumentar y se nos hace cada vez más difícil conseguirla”. Esta frase le pertenece a un panadero del barrio porteño de Colegiales y se repite con preocupación prácticamente en todos los comercios de la Ciudad a los que uno ingrese.
Es que la preocupación presente tanto en comerciantes como en consumidores no para de crecer en todo el país por la suba que vienen registrando los productos derivados de la harina de trigo (una materia prima básica en la mesa de los argentinos).
La Política Online salió a recorrer por distintos barrios varias panaderías para obtener un diagnóstico concreto de la actual situación y pudo corroborar que, en las zonas con mayor poder adquisitivo, el kilo de pan se vende a un precio promedio de $ 20.
En tanto, en barrios donde el costo de vida es menor y los comercios, por ende, afrontan gastos inferiores a los antes mencionados, el valor del pan oscila entre los $ 16 y los $ 18 (unos 3,20 dólares medido al tipo de cambio oficial).
Pero, ¿a qué se deben estos precios? La respuesta más directa se encuentra básicamente en que la mayor parte de los molinos comenzaron en las últimas semanas a aumentar considerablemente el precio de la harina “000”.
Para tener una idea, actualmente la bolsa de 50 kilos se consigue a un precio de $ 290, al tiempo que dos meses atrás se pagaba $ 175. “Es muy difícil encontrar harina y mi proveedor ya me avisó que va a volver a aumentar”, comentó otro panadero consultado.
Más allá de que el precio real de la harina “000” se ubique en $ 290, al parecer algunos molinos continúan realizando algunas ventas “testimoniales” de bolsas de 50 kilos a $ 250 para mantener la relación política con la Casa Rosada.
Sin embargo, LPO pudo saber que Guillermo Moreno, preocupado por la suba del pan, piensa reunir en los próximos días a los directivos de Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) para firmar un acuerdo de precios.
La idea del secretario de Comercio Interior sería establecer un precio fijo para la harina de manera tal que baje el valor del pan y evitar así tener que importar trigo antes de las elecciones de octubre, tal como lo adelantó este medio el 3 de junio pasado.
La posibilidad de abrir las importaciones del cereal no es un dato menor: en el núcleo duro del kirchnerismo entienden que esto representaría una derrota política frente a uno de los máximos adversarios de la Casa Rosada (nada menos que la Mesa de Enlace).
En este sentido, fuentes del sector exportador ya se opusieron a esa eventual medida que debería tomar el Gobierno si la situación sigue complicándose: “La importación de trigo podría causar una pérdida del precio interno de u$s 150 por tonelada”, alertaron.
“Más de dos millones de toneladas siguen en manos de los productores que son quienes, en definitiva, deciden si venden o no. El sector exportador tiene existencias mínimas libres de Registros de Exportación” (ROEs), aseguraron a este medio.
El fracaso de Moreno
En 2006 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner le ordenó a Guillermo Moreno frenar la suba del pan, al funcionario no se le ocurrió mejor idea que intervenir el mercado de trigo y fijar un acuerdo para que el valor del producto no supere los $ 2,50.
Hoy, siete años después, el precio del pan en la Argentina cuesta siete veces más que lo propuesto por Moreno en aquél momento, y la harina de trigo es más cara que en los países vecinos donde aumentó la producción del cultivo.
En nuestro país, en cambio, en la campaña 2012/13 se cosecharon 9,8 millones de toneladas de trigo (la tercera peor producción de la historia) y ahora, si no aumenta el área de siembra de manera considerable, debería importarse la materia prima.
Además, cabe recordar que, según datos oficiales, entre 2007 y comienzos de 2011 la industria molinera recibió subsidios por $ 3771 millones, mientras que en ese mismo período los productores de trigo cobraron compensaciones por $ 379 millones.
Pero luego de la disolución de la Oncca, en febrero de 2011, se interrumpieron los pagos (que a la fecha acumulan deudas por liquidaciones pendientes superiores a $ 2000 millones, según estimaciones de industriales del sector molinero).
En ese momento, los efectos colaterales de la suspensión del pago de los subsidios oficiales a la molinería generaron un descalabro en toda la cadena de valor panadera. Y una de las víctimas de la política oficial fue la industria de pastas y pizzas.