El oficialismo del Senado tiene dificultades para conseguir las ocho firmas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que les permitiría llevar al recinto el próximo miércoles el proyecto de fabricación de productos electrónicos en Tierra del Fuego, mediante la suba de impuestos a esas mercaderías en el resto del país. Mientras tanto, sigue la polémica que ya roza a Guillermo Moreno, por supuestos aprietes, y la duda abierta en cuanto al destino de 2.500 millones de pesos.

En el aspecto legisladito, el asunto debió llegar al pleno de la cámara el jueves 20 agosto, en la misma jornada en que se discutieron las facultades delegadas y los superpoderes. Pero, hasta ahora, ni siquiera logró pasar la instancia en comisión: el dictamen no fue suscripto por la mayoría de ocho avales, sobre un total de 15 miembros, que exige el reglamento.

La ley tiene un sentido político que sobrepasa la sola sanción de una norma económica, ya que con esta ley el kirchnerismo conseguiría que el respaldo de los senadores del ex ARI de Tierra del Fuego, José Martínez y María Rosa Díaz, que permitieron la aprobación de varias leyes en el pasado, se convierta en una realidad permanente.

De esta forma, el oficialismo compensaría con la presencia de los fueguinos, además del neuquino Horacio Lores, las deserciones que experimentó el bloque desde marzo de este año, un problema que tenderá a agravarse a partir del 10 de diciembre, con el arribo a la cámara de los legisladores elegidos en los comicios del 28 de junio.

Hasta el presente, el dictamen favorable al proyecto oficial sólo consiguió seis avales, por la defección de dos integrantes del bloque, el chubutense Marcelo Guinle, próximo al gobernador Mario Das Neves, quien lanzó su candidatura presidencial con fuertes críticas al gobierno nacional, y –como adelantó La Política Online- el jujeño Guillermo Jenefes.

Este último, según pudo saber este medio, está siendo presionado por una avalancha de mails y pedidos de resistencia de cámaras y empresarios del sector. A su vez, surgieron rumores de un posible interés personal, ya que lo vinculan como afectado por el proyecto en alguna empresa familiar.

Todo apunta a Moreno

Mientras tanto, el polémico plan sigue sumando versiones encontradas. Ahora el efecto tocó al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a quien denuncian como responsable de un apriete a supermercadistas para que, en cómodas cuotas, salgan al salvataje de una de los 5 empresas de electrodomésticos radicadas en Tierra del Fuego.

Según informa hoy Crítica de la Argentina, empresarios supermercadistas y de algunas cadenas de electrodomésticos dejaron una nueva queja sobre el escritorio de Moreno. “Las trabas a las importaciones están beneficiando a los fabricantes fueguinos de artículos de línea blanca, quienes fijan arbitrariamente los precios”, resumió el director de una cadena de hipermercados. Los departamentos de compras de Carrefour, Coto, hipermercados del Grupo Cencosud (Disco, Jumbo y Vea), Walmart, Toledo y Grupo Casino (Libertad) sufren a diario la nueva situación de oligopolio de la industria fueguina. Ya no tienen que enfrentar a competidores del exterior por las trabas oficiales a productos importados que buscan frenar la caída del superávit comercial y la salida de dólares.

En mayo, informa el matutino, Moreno citó a los directores de los principales hipermercados con sede en el país para pedirles que lo ayudaran a rescatar a la empresa de la familia Ramírez, Audivic, que fabrica equipos de aire acondicionado marca Daewoo. Los supermercadistas se enfurecieron al escuchar al secretario exigirles aportes por más de siete millones de pesos en cinco cuotas para pagar salarios atrasados de 160 trabajadores. Así, en junio pasado, la compañía, que se presentó en convocatoria de acreedores a fines del año pasado, fue sacada del pozo por Moreno con financiamiento privado.

A pesar de las presiones del secretario, Alfredo Coto, propietario de la firma homónima; la francesa Casino (dueña de Libertad) y la estadounidense Walmart se negaron a pagar la primera cuota. En el segundo pago se bajaron Disco y Jumbo. La tercera cuota sólo la abonaron las pequeñas redes de venta de electrodomésticos. La actitud de las cadenas enojó al sector fabril de Tierra del Fuego.

Todo esto fue suscripto por el diputado de PRO, Esteban Bullrich, quien desde hace tiempo sigue con críticas el avance del proyecto. Incluso, intentó integrar una especie de Mesa de Enlace, pero tecnológica, contactándose con cámaras empresarias y bloggers del mundillo tecnológico.

“Actualmente no llegamos a cubrir la demanda interna y encima vamos a poner trabas a la importación. Esto y decirle a los argentinos que la tecnología esta prohibida es lo mismo,” dijo el Diputado quien desde su web y Facebook alienta a movilizarse para frenar la medida. Y agregó en relación a los empresarios fueguinos: “Ya sabemos qué estaba detrás de esta ley: un aumento para todos los argentinos y 5 empresarios que quieren pasarse de vivos”.

Números cuestionados

La crítica de Bullrich se fundamenta, entre otros aspectos, en cuestiones económicas. Según información que acercaron a La Política Online, para poder impulsar este proyecto el plan debe declarar a los productos gravados como “de lujo” o “suntuarios”. “Es ridículo, porque la producción afectada, exceptuadas las notebooks, con los celulares y los monitores. El 80% de los argentinos tiene un celular que cuesta menos de 300 o 400 pesos, casi lo que sale un par de zapatillas. ¿Puede ser eso un producto de lujo?”, se preguntó la fuente consultada.

Pero el asunto es más profundo. El proyecto aumenta un 17% los impuestos internos, con los que esperan recaudar 500 millones de pesos más que serán destinados al rescate de las empresas fueguinas. De esos, prometen los empresarios, invertirán 40 millones de dólares con los que, según Bullrich, “van a crear apenas 154 puestos de trabajo”.

La cuestión es que, además de esos 500 millones con los impuestos internos, el proyecto sube le IVA del 10,5% en que estaba hoy al 21%. Con esos recaudarán otros 2.500 millones, que saldrán directamente del bolsillo de los consumidores, a los que aún no se aclaró cual será el destino. Todo apunta a que, simplemente, pasarán a engrosar el colchón de recaudación estatal y así es negocio para todos: los fueguinos consiguen 500 millones y el gobierno, que impulsa el proyecto, consigue 2.500 millones.

Todo es aún más conflictivo. Es que en Tierra del Fuego, explican, no hay grandes industrias sino que lo que hay son “líneas de ensamblaje”. “El 80% de los componentes de lo que se fabrica en el sur son importados, ellos simplemente los juntan”, aseguró a este medio una fuente del sector.

Ahí también aparece la controversial “Resolución 25”, la que explica qué debe tener un producto para ser considerado de “industria nacional”. Bullrich explica –en un video publicado en su página web- que la ley sólo exige pequeñas características, como que los productos sean embalados en bolsas fabricadas en el país. Casi ridículo.