El inusitado despliegue de seguridad – pública y privada- que custodia la sede oficial del gobierno municipal tuvo correlato hacia el interior de sus instalaciones como parte de la disputa que libra el elenco oficialista por un bien que comienza a revelarse escaso: el manejo de fondos enviados por la administración nacional.

David Coronel, coordinador de cooperativas de trabajo, fue cesanteado el pasado 13 de agosto por un decreto del Intendente Municipal y luego que una delegación policial lo conminó a abandonar su oficina, a 48 horas del compromiso previo asumido por Eduardo Fabiani, jefe de los ediles K, con la oposición a cambio que las denuncias por irregularidades en el área no fuesen llevadas al recinto.

Fueron Fabiani y Jorge Ayala, de pasado sindicalista, quienes evitaron la detención de Coronel. Su posición para evitar la criminalización de la disputa política, que remeda épocas de terror con vasos comunicantes entre segmentos del Estado y esa práctica, quedó empañada por las versiones que los sindican como posibles sucesores de Coronel.

El Municipio eligió el silencio y por interpósitas personas apenas esbozó una desmentida sobre una noticia que lo mantuvo inquieto antes que trascendieran los desaguisados con las cooperativas de trabajo.

La saga que derivó en el despido de David Coronel puede ser una. El ex funcionario asumió en diciembre del 2007 como coordinador de Cooperativas en la secretaría de Infraestructura y Servicios que comanda Daniel Bolettieri. Algunos de los trabajadores municipales cesanteados por decreto del Intendente el último día hábil de ese año lo reconocieron entre los integrantes de una patota que los agredió, como consta en denuncia judicial.

Coronel era el encargado de exigir a las cooperativas un importe de entre 400 y 600 pesos sobre los salarios de 1.300 pesos que percibían como participantes del plan “Agua + trabajo” financiado por el gobierno nacional para combatir el desempleo., según denunciaron miembros de algunas de ellas.

La mayoría de las sometidas a extorsión tuvieron a su favor el estar inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAE), lo que facilitó la validez de sus presentaciones en la Intendencia y el Concejo Deliberante. No fueron los únicos lugares donde llegaron. En la reunión de labor legislativa previa a la sesión ordinaria del 11 de agosto, la oposición pidió explicaciones al irritado presidente del Concejo Deliberante, Mariano San Pedro.

La situación se destrabó con el compromiso asumido por el jefe del bloque kirchnerista, Eduardo Fabiani, de hallar una solución a cambio que el tema no fuese llevado al recinto. Dos días después ocurrió la cesantía de Coronel a quien Giustozzi envió una delegación policial para hacer efectivo el desalojo de su despacho, en cumplimiento del compromiso que habrían asumido sus funcionarios para abandonar los cargos ante denuncias de esta naturaleza.

Nadie cree que la resuelta firmeza y celeridad de las autoridades se haya sido inspirada en su sorpresa. Coronel integra el Movimiento Evita donde trabó una aceitada relación con Emilio Pérsico. En representación de su sector debió haber integrado la lista de concejales kirchneristas pero fue literalmente barrido de ella con el argumento de las dificultades ahora confirmadas que atravesaba su gestión y para hacerle lugar en la nómina a Jorge Ayala, quien junto a Eduardo Fabiani, suenan como eventuales reemplazos.

Será un verdadero desafío para los ediles electos, si es que aceptan asumirlo en medio de la disputa que libran por el control de esos fondos Bolettieri y Diego Fernández Garrido, secretario de Producción y Desarrollo, que controla otro grupo de cooperativas nacidas bajo su gestión y que, al parecer, responden a un tipo de organización sui generis que no está contemplada en los cánones del INAE, razón por la que ninguna luce inscripta en ese organismo.

Los fondos en disputa son de un millón y medio de pesos mensuales y según algunas versiones, Garrido habría colocado a autoridades afines al menos en unas quince cooperativas, la mayoría ligadas al desmalezamiento y limpieza de zanjas y mantenimiento de cordones y veredas. La falta de trabajo, la situación de extrema pobreza que atraviesan muchos de sus integrantes y la necesidad de cubrir necesidades elementales serían garantes para mantener bajo control las supuestas irregularidades.