La tierra colorada abunda en el Conurbano a raíz de su topografía, con una cota superior a 20 metros sobre el nivel del mar. Formación de casi 30.000 años de antigüedad en la que vientos andinos depositaron partículas, a las que se sumaron limos de ríos y arroyos que configuraron otra cualidad: su inédita absorción de humedad que la vuelve barrosa en exceso en contacto con el agua.

Como cualquier cosa sin valor comercial, es un residuo incómodo y desechable tras las perforaciones que se efectúan en la construcción, ya sea para cimientos o provisión de agua. Nadie sabe dónde ponerla y su oferta como regalo, bastante común en la zona, es equiparable a un presente griego.

No es el caso de la denominada tosca. Enriquecida con cal -de forma natural o artificial- se utiliza como piso de los pavimentos a un valor de 23 pesos el metro cúbico. En un cálculo ideal, una cuadra precisa 300 metros cúbicos antes de cementarla. Lo que da a ese volumen un valor de unos 7.000 pesos. Existe una alternativa poco recomendada por especialistas. Una tierra intermedia denominada destape cuyo valor es 14 pesos el metro cúbico.

Lo que desaconsejan en cualquier caso, es utilizar tierra colorada para la pavimentación de calles por su carácter expansivo. Cuando se hincha con el agua ejerce presión sobre el cemento hasta partirlo, más tarde que temprano. Fuentes del sector empresario no se explican por qué el Municipio de Almirante Brown utiliza tierra colorada a tal efecto, como aseguran que ocurrió con la enorme mayoría de las realizadas durante el reciente período proselitista.

Quienes expresan antipatía por el arquitecto Daniel Bolettieri, secretario de Infraestructura y Servicios, le imputan responsabilidad en ese déficit. El personal técnico de carrera del Municipio lo atribuye a su presunta falta de idoneidad profesional. Empresarios de la construcción a un supuesto intento de abaratamiento de los costos que, según aseguran, no quedaría reflejado en el presupuesto final de las obras. Los dos sectores coinciden en algo. Su pedido de reserva de nombres y las cuentas pendientes que mantienen con Bolettieri.

El primer día hábil de julio posterior al estrepitoso fracaso de la resolución Nº 125 en el Congreso, el oficialista C5N transmitió en directo una ceremonia casi íntima en que la presidente Cristina Kirchner anunció el financiamiento de 800 cuadras de pavimento para Almirante Brown, en presencia del intendente Rubén Darío Giustozzi y el ministro del Interior, Florencio Randazzo.

Desde el oficialismo, admiten que al menos se gastaron entre 25 y 35 millones de pesos en obras públicas antes del 28 de junio. Aunque no existen precisiones sobre los pavimentos realizados, hasta los más acérrimos opositores reconocen que fue un avance en un distrito donde casi el 40 por ciento de las calles carece de esa mejora. Si la razón estuviera del lado de quienes apuntan a Bolettieri y si en un cálculo hipotético se hablase de 100 cuadras, la cifra en cuestión relacionada a la tierra podría estimarse en una pequeña fortuna.

Funcionario polémico

El argumento de la falta de idoneidad de Bolettieri choca con su condición de proveedor del Estado que al menos mantuvo hasta asumir el cargo y mediante la que realizó obras en Ensenada, Campana y Zárate. Es cierto que el fuerte de su empresa – a la que estaría asociado el secretario General, José Fernández, según insistentes rumores – es la construcción de viviendas para planes oficiales del gobierno nacional.

También lo es que solo el radical K Mario Secco confirmó su liderazgo en Ensenada en el 2007. En Campana la intendencia pasó a la kirchnerista Stella Maris Gironi y en Zárate la ocupa el socialista Osvaldo Caffaro.

Cambios que ofrecen otra interpretación de algunos suyos. Como el certificado de defunción que extendió a la Acción Vecinal de Gustavo Posse y su hermanamiento con el auto rotulado proyecto Brown del secretario de Gobierno, Franco Caviglia, y el subsecretario Legal y Técnico, Mariano Arias Duval, hermano de Martín, director nacional de Migraciones en el ministerio del Interior y número dos del ministerio de Seguridad bonaerense con la gestión de León Arslanián.

El asentamiento de partículas de polvo adquiere otro sentido para Diego Fernández Garrido, apodado con sorna Diego Fernández Barrido, por su obsesión en limpiar las veredas cuyo mantenimiento es responsabilidad indelegable de los vecinos.

Los autores del ingenio apelativo aseguran que si se remueve el polvo de la superficie, aparece la verdadera razón de su preocupación. Disputarle a Bolettieri el manejo de la licitación del servicio de recolección de residuos que deberá discutirse a fines de este año. La iniciativa de barrido del funcionario ya trajo inconvenientes con el sindicato de Camioneros, en especial con su áspero delegado local, Julio Carrizo, miembro activo de la CGT regional Lomas y punta de lanza de Hugo Moyano en el distrito.

En ese clima el Municipio deberá resolver entre la continuidad de Hersumet o si aparece en escena la virtual monopólica Covelia, que estaría al tanto de las dificultades económicas de la actual concesionaria, pese a las mejoras reconocidas por el intendente Rubén Darío Giustozzi en el contrato de prórroga de hace dos años.

Gustozzi blindado

Pero no es el único escándalo que acecha a Giustozzi. En la última reunión del Consejo Deliberante, luego del receso significó una fuerte arremetida de la oposición sobre el Presidente, Mariano San Pedro, por el manejo de la sesión y por la arbitraria disposición de los escasos recursos del Cuerpo. La más afectada resultó Miriam Lorcher, del Acuerdo Cívico y Social, acaso como castigo a encabezar las gestiones para desactivar la antena de telefonía celular instalada en Rafael Calzada.

El gobierno municipal debió proceder a su clausura frente a la reacción de los vecinos luego de una caldeada reunión en que Lorcher hizo pública su interpretación de la encendida defensa de su par oficialista, Roberto Bastanza, de la inacción de las autoridades. “Te quedaste con un vuelto”, le espetó la edil.

Ese tipo de especulaciones comienzan a ser frecuentes con algunas acciones polémicas que lleva adelante el Municipio. Rubro en que quedará encasillada la compra en 120.000 pesos de un Chevrolet Vectra que debió ser entregado hace siete días. Si no fue así es por demoras en resolver el equipamiento especial solicitado - el blindaje de su carrocería - que no se instala en la línea de montaje ni siquiera en este modelo de alta gama.

La medida tal vez tenga justificación pero no parece transmitir tranquilidad ni ser síntoma del éxito del plan Alerta de seguridad lanzado formalmente con Daniel Scioli y para el que se contrató un helicóptero que, ahora se sabe, facilitaría tareas de avistaje de desarmaderos.

La difusión de información, un problema crónico de la gestión municipal, se hizo sentir también en la reunión de Néstor Kirchner con intendentes de la Tercera Sección Electoral del 6 de agosto en Quilmes. Resultó difícil disociar a Giustozzi del jefe comunal descrito por Leonardo Míndez en su crónica para “Clarín” de aquel encuentro. En particular por la alusión a las planillas de cálculo para explicar la buena elección del ex primer mandatario. El frío saludo que le dedicó Kirchner abortó esa iniciativa.

“Es que el Intendente presume de saber hacerlo todo: ceremonial, protocolo, locución y prensa”, se ataja con fastidio el personal jerárquico que lo asiste. Tal vez sea solo una especulación más. Algo que abunda en estas coloridas tierras.