Malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y supuesto enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que la legisladora porteña Graciela Ocaña y el diputado nacional Adrián Pérez le imputarán al interventor en el PAMI, Luciano Di Césare, en una denuncia que presentarán ante la Justicia.

Según publicó hoy La Nación, ambos la harán efectiva pasado mañana cuando reabran los tribunales y antes de la feria judicial. Pedirán investigar obras inconclusas, el pago de alquileres sospechosos y hasta el intento de compra de un televisor de última generación de 80 pulgadas para la oficina de Di Césare.

En la presentación, Ocaña y Pérez dan cuenta de irregularidades graves. Una de ellas tiene como protagonista al Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación Alicia Moreau de Justo. En 2011, el instituto le adjudicó a la empresa Niro Construcciones las obras de refacción y remodelación. Pero, "pese al cumplimiento contractual del PAMI -según la imputación de Ocaña y Pérez-, las obras se encuentran en total abandono". Tenía como plazo para su finalización el 1° de octubre de 2013.

Lo mismo ocurre con el inmueble de Avenida de Mayo 801, donde funcionaban diversas áreas estratégicas del PAMI, como prestaciones médicas y geriátricas. En la denuncia se indica que, a través de la resolución 371/2013, se adjudicó nuevamente a la firma Niro Construcciones la obra por unos $ 31 millones. Al igual que en el centro Alicia Moreau de Justo, las obras estarían paralizadas.

"Los hechos demostrarían un patrón habitual en las modalidades de contratación de obra por parte del instituto, que se repite, también, en el caso de los hospitales del Bicentenario. Incumplimiento de los plazos de ejecución y constantes readecuaciones de precios. Las obras no avanzan, pero se pagan. Un negocio genial para nuestros jubilados. Se dilapidan los fondos públicos que pertenecen a los afiliados y se resienten las prestaciones", dicen Ocaña y Pérez en el escrito, al que obtuvo acceso LA NACION.

Otro de los aspectos que involucran al interventor se relaciona con el pago de alquileres. Mediante la resolución 134/2013, Di Césare autorizó el alquiler de un inmueble en la avenida España, de la ciudad de Mendoza, que se utiliza como sede de la representación oficial del Inssjp; el alquiler costó $ 2.906.904 por un plazo de 36 meses. Además, alquiló otro inmueble en la capital mendocina, en la calle Belgrano, por $ 7.521.360, por el mismo plazo.

Las contrataciones se habrían realizado porque la sede original del PAMI en esa provincia se encuentra "en estado de obra continua".

"Éste es un nuevo ejemplo, que muestra las consecuencias perjudiciales que ocasionaría el incumplimiento constante y sistemático de la obra pública contratada por el PAMI. Lo que se dice un negocio redondo para los indefensos afiliados", destacan Ocaña y Pérez en la denuncia.

La supertelevisión

Uno de los puntos destacados de la denuncia sería la adquisición de una "televisión de 80 pulgadas o superior, nueva sin uso, con servicio de instalación destinada a la Dirección Ejecutiva del Instituto".

La licitación -surgiría del expediente 200-2014-0015213-6- la habría ganado la empresa Viditec por la suma de $ 244.398. Aunque, según pudo saber LA NACION, Di Césare habría desistido de la compra, por lo menos por ahora.

"Veo con preocupación el desfinanciamiento del PAMI y el riesgo que corren las prestaciones. Hay un mal uso de los recursos", dijo Ocaña, que lanzará su candidatura a jefa de gobierno porteño en enero.

La denuncia se suma a la que investiga el juez federal Claudio Bonadio y por la que ordenó allanar en noviembre último la sede central del PAMI en busca de documentos, en la causa en la que se investiga la construcción de los hospitales del Bicentenario, la cooperación suscripta con la Sedronar en materia de registro de precursores químicos y los préstamos del organismo al Tesoro de la Nación, entre otras supuestas irregularidades.

Todo esto se da en medio de un escenario en el que el Pami sigue exhibiendo irregularidades crónicas. Como publicó La Nación en octubre, pese a contar con un presupuesto multimillonario -unos 45.000 millones de pesos- y tener un récord en la cantidad de trabajadores, los afiliados deben lidiar con esperas de meses para acceder a un turno o en algunos casos las cirugías pueden tardar años en realizarse.

En sólo siete años, desde que Di Césare asumió como interventor, el PAMI duplicó la cantidad de empleados, entre los de planta permanente y los contratados. Pasó de tener 10.700 a unos 20.000 trabajadores.

Pero más dinero y más empleados no se traducen en mejoras del servicio para los 4.500.000 afiliados que tiene el PAMI, la mayor obra social del país.

De hecho, durante su gestión Di Césare utilizó a la obra social de los jubilados como una caja para financiar a su agrupación, como reveló LPO.

Además, las clínicas y sanatorios que trabajan con el Pami vienen denunciando un manejo completamente discrecional de los pagos, que se realizan a destiempo y por montos insuficientes para cubrir los costos.