El gobierno de Joe Biden sancionó a tres integrantes del Cártel de Sinaloa que se encuentran prófugos. La administración demócrata los señaló desde Washington como responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas mortales. La decisión fue tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

"Son personas claves para facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, en los Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades", declaró el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. En 2022, según datos oficiales, murieron unos 110.000 estadounidenses por sobredosis. Dentro de ese universo, unos 70.000 lo hicieron a manos del fentanilo. Se trata de un opioide sintético cincuenta veces más fuerte que la morfina.

Durante la última década, Naciones Unidas registró la creación de más de 1.100 drogas sintéticas. Un crecimiento que, en parte, va en detrimento del consumo de cocaína. Esa tendencia le sirve al gobierno de Biden como argumento político para estrechar lazos con un aliado incómodo: el presidente colombiano Gustavo Petro. Sobre todo después de que los Estados Unidos suspendieran, en 2020, el monitoreo satelital de los cultivos ilícitos de coca en Colombia.

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"El Tesoro sigue comprometido a aprovechar nuestras herramientas en apoyo del gobierno para atacar todos los aspectos de la cadena de suministro y privar a estos grupos criminales de recursos financieros", agregó el funcionario Brian E. Nelson.

La medida fue coordinada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En especial, con la Unidad de Inteligencia Financiera de México y la Oficina Federal de Investigación de San Diego, la fuerza de ataque contra los grandes traficantes mexicanos. La DEA colaboró en la operación, según destacaron desde el Departamento de Estado.

Las tres personas sancionadas son clave para facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, en los Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades 

Los apuntados son Alfonso Arzate García y su hermano René Arzate García, presuntos jefes del Cártel de Sinaloa en el estado mexicano de Baja California. Según el gobierno de EEUU, estos violentos hermanos dirigen operaciones de tráfico de fentanilo para el Cártel en Tijuana. También estarían implicados en secuestros y ejecuciones para el de Sinaloa. Imputados en 2014 por la justicia estadounidense de California, los Arzate García se mantienen en condición de fugitivos. El tercer sancionado es Rafael Guadalupe Félix Núñez, quien trabajó para el Cártel de Sinaloa. Tras la separación del Cártel de Sinaloa en 2008, Félix Núñez pasó a ser conocido como "El Changuito Antrax". En 2014 fue imputado por tráfico de drogas en el Tribunal del Distrito Sur de California, hasta que terminó detenido en México. Pero en 2017 se fugó de la cárcel de Culiacán (Sinaloa) y a la fecha sigue prófugo.

Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken.

Europa Press

Las sanciones contra estos tres narcos empalman, sin que exista una relación causal directa, con dos hechos políticos posteriores. Ambos, de muchísimo peso. Uno es el magnicidio ocurrido en Ecuador.  Según los medios de ese país, el Cártel de Sinaloa estaría detrás del impactante asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El otro es la reunión de la nueva canciller mexicana Alicia Bárcena con el secretario de Estado Anthony Blinken en Washington. La conexión entre el crimen político y los movimientos de la banda de Sinaloa resulta una hipótesis a pedir de Blinken.

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Las sanciones económicas y financieras contra estos tres prófugos encierran más un gesto que una acción concreta. "El objetivo no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento", admiten desde el Departamento de Estado. Y confirman ante LPO que la decisión implica un mensaje velado hacia AMLO.

En las últimas horas escaló la tensión entre ambos gobiernos. El motivo es el circuito de la producción del fentanilo. La administración de Biden asegura que los cárteles mexicanos, en particular el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, están involucrados en la creación de la droga en laboratorios clandestinos. La versión demócrata es que las bandas obtienen los precursores químicos de manera legal desde China, para después dedicarse a diseñar, traficar y distribuir en los Estados Unidos.

López Obrador niega que el fentanilo se produzca en su país. El presidente sostiene que la droga viaja directamente desde China a territorio estadounidense, con un tránsito mínimo y ocasional por suelo mexicano.

López Obrador, en cambio, niega que el fentanilo se produzca en su país. El presidente sostiene que la droga viaja directamente desde China a territorio estadounidense, con un tránsito mínimo y ocasional por suelo mexicano.

"Todo lo que hemos visto muestra que el fentanilo sí se está fabricando en México, y sabemos que sus precursores químicos vienen de China", afirmó días atrás el jefe de la oficina antidrogas del Departamento de Estado, Todd Robinson. Fue una declaración teledirigida de la Casa Blanca hacia AMLO.

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Pero la polémica no es sinónimo de fractura en el diálogo. Al contrario, la bilateral entre ambos países es una danza que va del enojo sobreactuado a las negociaciones y los acuerdos subterráneos. En la primera mitad del 2023, México se consolidó como el principal socio comercial de los Estados Unidos, desplazando a China.

Respecto al complejísimo debate sobre el fentanilo, el gobierno de México responde por lo bajo con una pregunta que se suele omitir. Se trata de un interrogante más sociológico que político. ¿Por qué una porción de la sociedad estadounidense, y no de la mexicana, recae en el consumo desenfrenado de este opioide? La argumentación más conveniente para la administración de Biden es la del estímulo dinerario: la exportación se paga en dólares. Pero no es la única respuesta posible, y desde la Casa Blanca lo empezaron a admitir.

Entendemos la importancia de apoyar a los más de 20 millones de estadounidenses que están en tratamiento y proceso de recuperación 

"El gobierno de Biden reconoce la gravedad de esta situación y está totalmente decidido a prevenir el consumo de drogas y minimizar su impacto negativo", admitió Robinson semanas atrás. Fue en una exposición que algunos medios pasaron por alto. El encargado de la lucha contra las drogas del Departamento de Estado detalló: "Entendemos la importancia de apoyar a los más de 20 millones de estadounidenses que están en tratamiento y proceso de recuperación". 

Según averiguó LPO, el gobierno destinó 24.000 millones en el último año para esa suerte de reducción de daños en el abuso de drogas. Esa política encierra una autocrítica y un guiño, esta vez amable, hacia el gobierno mexicano. Pero también se trata de una señal con efectos más simbólicos que concretos. Tales medidas dependen de los estados por sobre el gobierno federal. El actual clima de autonomización y franco desafío de los gobernadores al poder central de Biden tampoco ayuda. En los estados se empezaron a sancionar leyes que históricamente dependían de la Casa Blanca, como las políticas migratorias.